El exintendente de la Capital, Ramón Mestre, junto a un grupo de legisladores de la UCR, emitieron un comunicado dirigido al gobernador Juan Schiaretti en el que, entre otras cosas, le piden que congele las tarifas de los servicios públicos, y también salarios de los funcionarios.
Además le solicitan que retrotraiga los impuestos inmobiliarios al 1 de diciembre del año pasado, entre otros puntos.
Este es el comunicado firmado por los dirigentes radicales.
En la actualidad nadie desconoce la situación de crisis económica y social por la cual está atravesando nuestro país. Es imposible pretender que la provincia de Córdoba esté ajena a esta coyuntura y entendemos que es imperioso que se tomen algunas medidas pertinentes a fin de disminuir el gasto de una administración provincial fuertemente endeudada (casi en su totalidad en dólares).
Es por esta razón, que solicitamos el Gobernador Schiaretti, tome nota de estas medidas y las lleve a cabo, principalmente y con el fin de aliviar la situación económica de todos los habitantes de Córdoba.
Ante lo expuesto, las autoridades del Comité Provincia y el cuerpo de legisladores de la U.C.R presentan las siguientes propuestas:
1- Congelamiento de tarifas de servicios públicos por el plazo de 180 días (servicios de energía prestados por la EPEC así como también los prestados por cooperativa).
Debate de un nuevo marco regulatorio tarifario en base a la determinación del precio eficiente de servicios públicos y no en torno al déficit de las empresas prestatarias del servicio.
Dicho congelamiento tarifario debe incluir también el servicio del agua.
2- Congelamiento de remuneraciones y dietas de los funcionarios provinciales y legisladores por el término de 180 días.
3- Congelamiento de vacantes en el ámbito provincial por el plazo de 180 días y cese de ingresos a la administración pública provincial por idéntico plazo.
4-Eliminación de gastos superfluos.
5- Retrotraer el impuesto inmobiliario urbano y rural al 1 de diciembre de 2019.
6- Invitación y convocatoria a los miembros del Poder Judicial de la provincia, para un congelamiento de remuneraciones de magistrados y funcionarios judiciales por el plazo de 180 días.