El Juzgado en lo Civil y Comercial de 27° Nominación de la ciudad de Córdoba dispuso extender la cautelar y retrotraer el valor de la cuota mensual de auto-planes al valor de mayo del año 2018, más un incremento del 45% a otras firmas.
De esta manera, se suman a esta disposición: "Toyota Plan Argentina S.A.", "Chevrolet S.A. de ahorro para fines determinados", "Plan Rombo S.A. de Ahorro para fines determinados", "Plan Ovalo S.A. de Ahorro para fines determinados".
La decisión fue adoptada en el marco de una acción colectiva que se tramitaba en contra de Volswagen S.A. para fines determinados, con la finalidad de permitir la solución de aquellos conflictos que tengan idéntica base fáctica.
Misma solución ya se había adoptado respecto de ahorristas de las firmas "Circulo de Inversores S.A. de Ahorro para fines Determinados", "Aupesa Peugeot Citroen S.A." y/o "Peugeot Citroen Argentina S.A.".
Mediante un decreto, el tribunal ordenó que este recálculo se formule para la próxima cuota a liquidar y que alcance a todas aquellas personas humanas que, en su carácter de consumidores, hayan suscripto un contrato de auto-plan con la empresa mencionada, siempre que residan dentro de la provincia de Córdoba. Solo están exceptuadas de la medida cautelar quienes manifiesten expresamente su voluntad de excluirse de la clase definida por el juzgado.
Extienden recálculo de #cuotas para la compra de automóviles Toyota, Chevrolet, planes Rombo y Óvalo https://t.co/oMy16RqFs6 pic.twitter.com/K8gdbWTDHf
— Justicia Córdoba (@JusticiaCba_ARG) November 22, 2019
En este sentido, cabe recordar que los ahorristas que formen parte del colectivo afectado no deben hacer ningún trámite ante el tribunal para obtener la protección judicial de sus intereses.
La resolución añade que esta decisión se funda en la verosimilitud del derecho invocada en la causa, puesto que "es prácticamente un hecho notorio el aumento de las cuotas de los planes de autos a valores superiores al ritmo de la inflación". En relación al peligro en la demora, puntualiza que "si la medida cautelar no se dicta, se corre el riesgo de que las personas dejen de pagar, y les pueda ser iniciada una ejecución prendaria en el marco del legítimo ejercicio de un derecho en cabeza de la demandada".
También dispuso que el proceso se tramite en forma oral. En este sentido, el decreto explica que, en los procesos de consumo, “deben regir las normas del proceso de conocimiento más abreviado de la jurisdicción” y afirma que el proceso oral es el que “encuadra en esta característica”.