Este martes, los integrantes de la conducción directiva del Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba solicitaron en la Justicia Federal la eximición de prisión por la denuncia por asociación ilícita y lavado de dinero.
El gremio emitió un comunicado en el que niega las acusaciones y dice tener sus movimientos contables en regla.
Además, vincula la denuncia judicial a la lucha que llevan adelante para "mantener la EPEC estatal e integrada y mantener el Convenio Colectivo de Trabajo".
La presentación fue realizada hace unos días por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ante la Fiscalía Federal número 1 a cargo de Enrique Senestrari, que podría apartarse por sus relaciones con ese gremio.
El trabajo releva datos desde 2010 hasta la fecha sobre una serie de movimientos financieros dudosos realizado por la cúpula lucifuercista.
Se basó en investigaciones y cruce de datos de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Están denunciados el secretario General, Gabriel Suárez, Jorge Molina Herrera, Fernando Navarro, Daniel Lozano, Rodolfo Bonetto, Roque Tapia, Alexis Fidelbo, José Galván, Carlos Vaca, Juan Farías, Emilio Chaer y Héctor Juri.
En la presentación de la Procelac se describen una serie de hechos vinculados con el movimiento de cheques, endosos y hasta la utilización de personas carenciadas para el movimiento sospechoso de valores en las cuentas del gremio en el Banco Nación y en el Banco Provincia de Córdoba.
"Nosotros no tenemos nada que ocultar, la Procelac o la Justicia pueden venir a nuestro sindicato e investigar todo lo que quieran, las puertas están abiertas para lo que necesiten", dijo este martes el secretario general del gremio, Gabriel Suárez.
"Resulta muy llamativo que este tipo de causas se den en un marco posterior a las elecciones y cuando estamos defendiendo los derechos de los trabajadores en una empresa estatal e integrada", insistió Suárez.
"Acá pueden venir a investigar lo que quieran, lo que le pedimos a la Justicia y a la Procelac es que dejen de hacer escándalos mediáticos y hagan lo que tengan que hacer", dijo Claudio Orosz, abogado del sindicato.
En el casino. En la denuncia se detallan las operaciones de uno de los acusados, Jorge Molina Herrera, en salas de juego de Córdoba y Santa Fe.
Al parecer, se habría utilizado supuestas apuestas en casinos para blanquear dinero, ya que Molina Herrero concurría con sumas millonarias en efectivo, compraba fichas para apuestas, no las realizaba y le daba esas fichas a otras personas para que las cobrasen como apuestas ganadas.
Lotería de Córdoba tendría a disposición de la Justicia los videos para detectar el movimiento de esos "apostadores".
La denuncia de Procelac menciona que cheques de Luz y Fuerza se descontaban en la financiera ilegal que funcionaba en Rondeau 84 de Nueva Córdoba, donde se produjo el tiroteo fatal de febrero de 2018.