Una mesa de diálogo para reorganizar el vínculo entre minería, Estado y territorio
La iniciativa reunirá a comunidades, proveedores, empresas y organismos públicos en una instancia pensada para ordenar la relación con la actividad minera.


El Gobierno de Catamarca avanzó en la conformación de una mesa de diálogo para ordenar y fortalecer la relación entre el sector minero y las comunidades de Antofagasta de la Sierra, con una agenda centrada en la contratación de mano de obra local, la creación de un registro de proveedores y la canalización de las principales demandas territoriales.
La definición surgió tras una reunión en Casa de Gobierno encabezada por el gobernador Raúl Jalil, junto al vicegobernador Rubén Dusso y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella. Del encuentro también participaron representantes de las comunidades locales, la recientemente conformada Cámara de Proveedores Mineros de Antofagasta, y autoridades de la Cámara Minera de Catamarca y CAMYEN.
Como resultado, se acordó crear un espacio de trabajo conjunto para articular políticas vinculadas al desarrollo de la actividad en la Puna catamarqueña, con mayor participación social, empresarial e institucional. Tras la reunión, Jalil destacó los avances del diálogo entre el Estado, el sector privado y la comunidad, y señaló que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la minería con mayor participación social y control institucional.
Además, el gobernador confirmó que se impulsa una reforma del Código de Procedimiento Minero, con participación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto a entidades civiles y cámaras del sector. El objetivo es modernizar la normativa vigente y agilizar los procesos administrativos.
Si bien advirtió que la minería no resolverá por sí sola los problemas estructurales de la economía, Jalil remarcó su impacto en la generación de empleo y en la dinamización productiva, especialmente en el oeste provincial. En ese marco, la mesa de diálogo buscará consolidarse como un ámbito institucional permanente para ordenar las demandas locales y vincularlas de manera directa con el desarrollo minero.