La medida redefine quién toma las decisiones en la empresa creada a partir del Acta del Farallón Negro (1958) para desarrollar la zona minera de Agua de Dionisio, en el departamento Belén.
En términos políticos y operativos, Catamarca pasa a tener conducción plena del esquema de gobierno interno junto con la UNT, sin intervención de la Nación en la administración cotidiana.
El nuevo formato conserva el reparto histórico de beneficios: Catamarca (60%) y UNT (40%). Es decir, cambian las atribuciones de conducción y representación, pero no se alteran las proporciones de participación entre los dos miembros que permanecen.
Qué cambia: directorio y presidencia
Uno de los puntos más relevantes es la composición del directorio: el nuevo esquema prevé cinco integrantes, con un presidente y dos vocales designados por Catamarca, y dos vocales por la UNT. De esa manera, desaparece la figura del presidente designado por el Estado nacional y se fortalece la autonomía provincial para definir rumbos estratégicos.
La lectura política en Catamarca
Desde la provincia, el gobernador Raúl Jalil encuadró la decisión como una reparación largamente buscada y una oportunidad para reforzar el control local sobre un actor central de la minería: “representa un hecho histórico para Catamarca y la consolidación de una reivindicación sostenida durante décadas“.
“Es el resultado de un proceso construido con diálogo institucional y una firme defensa de los intereses catamarqueños, lo que permitirá fortalecer el desarrollo minero, generar empleo y garantizar que los beneficios de la actividad regresen a la provincia”.
En el plano de la gestión, el reordenamiento institucional apunta a ampliar capacidades de planificación, control y proyección de la actividad con una agenda de desarrollo sustentable, con Catamarca como actor principal en la definición de prioridades productivas y territoriales.