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| sábado, 06 de junio de 2026
Entre el 6 y el 7 de abril, la ciudad de Andalgalá fue escenario de una nueva etapa del proceso de participación ciudadana vinculado a la posible reactivación de Bajo de la Alumbrera, en el marco de la evaluación de la novena actualización del Informe de Impacto Ambiental.
Las actividades fueron convocadas por el Ministerio de Minería, a través de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, y reunieron a funcionarios, referentes comunitarios, representantes del municipio, integrantes del Concejo Deliberante y miembros de la Asociación de Desocupados de Andalgalá.
Ambiente y comunidad, en el centro
La primera jornada consistió en una charla técnica informativa que se extendió durante seis horas. Allí, la empresa expuso aspectos vinculados al componente ambiental del proyecto y al plan social de relación con la comunidad, mientras que el Estado presentó información sobre controles y monitoreos ambientales en las cuencas hídricas de influencia, además de acciones relacionadas con la formación laboral a través del Campus de Entrenamiento Laboral del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos.
Según lo informado, unas 150 personas participaron de ese encuentro, del que también formó parte la ministra de Minería, Teresita Regalado, junto a su equipo técnico y jurídico, además de funcionarios de otras áreas del Gobierno.
Durante el intercambio, gran parte de las inquietudes estuvieron centradas en cuestiones ambientales. Entre los temas más mencionados aparecieron el uso del agua, el tratamiento de residuos, el dique de cola, la reforestación y el polvo en suspensión, en una discusión que volvió a poner el foco sobre los efectos del proyecto en el territorio.
Empleo local y capacitación
Junto con los planteos ambientales, también surgieron reclamos vinculados al impacto económico y laboral que podría tener la reapertura de Alumbrera. En ese punto, la comunidad pidió precisiones sobre la incorporación de mano de obra local, el desarrollo de proveedores y los planes de capacitación previstos.
Uno de los pedidos más marcados fue la posibilidad de que los puestos de trabajo sean ocupados por vecinos de Andalgalá, teniendo en cuenta que la reactivación del proyecto —orientado a la producción de cobre— tendría una vida útil estimada en cinco años.
La segunda jornada estuvo dedicada a una fiscalización en el proyecto, con participación de la comuna y de representantes de desocupados, en otra instancia prevista dentro del proceso abierto por las autoridades mineras. Desde la organización destacaron que ambas actividades se llevaron adelante en un clima de respeto, tranquilidad y diálogo, con participación de la comunidad, el Estado y la empresa.
El esquema continuará con una nueva fiscalización prevista para este miércoles y con dos audiencias públicas programadas para el 16 de abril en Hualfín, departamento Belén, y el 17 de abril en Andalgalá.
Redacción Vía Catamarca