Milagros Pérez
El conflicto entre el Municipio de Villa Carlos Paz y la Cooperativa Integral continúa. Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el pasado 26 de noviembre el amparo presentado por la Coopi por la municipalización del servicio de agua potable, la resistencia persiste. En este contexto, ya pocos días de que el año 2020 finalice, Adolfo Mena, Presidente Consejo de Administración de la Cooperativa, emitió un fuerte comunicado al que tituló “Un intento de municipalización con trasfondo privatizador”.
“Esta grave situación afecta a los derechos básicos y fundamentales al agua, al trabajo, a la salud, al cuidado del ambiente y a la participación democrática ante el plan sistemático de destrucción de esta organización de la economía social y solidaria de la que son dueños los socios y vecinos de toda su zona de prestación”, comenzó.
En la carta, Mena puso en duda el accionar de la Justicia y dijo: “el proyecto destructivo, avalado incluso por dudosos fallos judiciales que no contemplaron la gravedad institucional por ellos mismos reconocida, permite hacer por decreto lo que debiera hacerse por ordenanza con mayorías agravadas que no cuenta un gobierno que asumió con poco más del 30% del aval de la población”.
Además, aseguró que las consecuencias de desbaratar la Coopi son altamente gravosas para toda la comunidad de la región y enumeró una lista de riesgos que significarían permitir que se destruya la cooperativa. En esta, se menciona el desempleo de 4000 familias, la violación de los derechos humanos básicos de más de 120.000 habitantes de la región y la pérdida de los servicios públicos con acceso universal prestados con calidad: agua y saneamiento, entre otras.
“Si se permite que se destruya la Coopi se pierden 57 años de apuesta a la solidaridad y la inclusión y se permitirá que ganen los inescrupulosos que sólo apuestan a la destrucción de lo comunitario y a los negociados privados”, concluyó Mena.