Milagros Pérez
Este jueves, el Gobierno de la Provincia de Córdoba dio por finalizada la audiencia pública virtual por la Autovía de Punilla, en la etapa en la que debían responderse las preguntas en torno al proyecto, lo que finalmente se llevará a cabo de manera escrita. Por consecuencia, las asambleas ambientales denunciaron que se trata de una maniobra “ilegal” que apunta a “impedir la participación ciudadana”, por lo que se declararon en “alerta”.
Según informó La Estafeta Online, en el horario previsto para el arranque de la audiencia este jueves, las autoridades realizaron una breve intervención en la transmisión en vivo por YouTube para anunciar que se habían recolectado unas 877 preguntas de los vecinos y vecinas, por lo que era “materialmente imposible” dar las respuestas por ese medio. En cambio, anunciaron que el proponente tendría hasta el próximo miércoles para responder por escrito.
“Las autoridades de la Secretaría de Ambiente entienden que resulta materialmente imposible que todos los que enviaron preguntas puedan recibir las respuestas al momento en que la proponente responda, ya que ello llevaría varios días de audiencia y es imposible precisar en qué día y horario se leerá la respuesta a cada una de sus preguntas. Así las cosas, y conforme lo prevé el artículo 36 de la ley 10.208, se ha dispuesto que las respuestas se hagan por escrito y se incorporen al acta”, comunicaron.
Para los representantes de las asambleas ambientales se trató de una maniobra “ilegal”, ya que “no puede darse por concluida la audiencia si no concluyeron las intervenciones de las partes” en este caso, del proponente. Se basan en el artículo 36 de la ley 10.208, que indica que “finalizadas las intervenciones de las partes, el presidente declara el cierre de la audiencia pública”.
“Una vez más limitan la participación de les ciudadanes a escuchar y ser veedores de esta instancia, resolviendo a puertas cerradas”, señaló un comunicado conjunto de las Asambleas de Punilla y la Asamblea en Defensa del Ambiente Córdoba Capital.
Asimismo, representantes de las Asambleas enviaron a la Secretaría de Ambiente tres documentos para que sean parte del expediente y “sean tomados en cuenta a la hora del análisis final que debe hacer la Comisión Técnica Interdisciplinaria para otorgar o no la licencia ambiental”. Estos papeles consisten en una sistematización de preguntas, observaciones y un análisis crítico de las matrices para la evaluación del impacto ambiental llevada adelante por la empresa Caminos de las Sierras.
“Estos tres documentos son parte de un trabajo colectivo que se abrió desde las Asambleas a la comunidad toda y que nos enorgullece ya que contienen el verdadero proceso de participación que debe existir y que el Estado no garantiza. Nos ponemos en alerta sobre las próximas definiciones”, indicaron.