La causa por el homicidio de Jonatan Romo (35), ocurrido el 10 de julio de 2022 dentro de la comisaría de La Falda, entró en una etapa de máxima tensión judicial. El Juzgado de Control de Cosquín rechazó por segunda vez el pedido de la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje para habilitar un juicio abreviado, exigiendo en su lugar que el caso sea ventilado en un juicio oral y público.
El juez Ramiro Núñez no solo mantuvo su postura inicial contra el acuerdo entre la Fiscalía y las defensas, sino que además planteó como “indispensable” la participación de un jurado popular. Según el magistrado, esta instancia es necesaria ante la posibilidad de que la pena pueda agravarse tras el análisis exhaustivo de las pruebas.
El conflicto por la pena
Actualmente, los sargentos Miguel Ángel Aguilera y Walter Geri, y el cabo Hernán Suárez, se encuentran imputados por “homicidio culposo ante el exceso de legítima defensa”. Bajo esta calificación, un juicio abreviado les permitiría acceder a una pena reducida de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, lo que les otorgaría la libertad inmediata.
Sin embargo, la querella, representada por el abogado Gustavo Pérez, rechaza de plano esta salida. “La autopsia determinó que Jonatan murió por asfixia mecánica y golpes recibidos. En un juicio abreviado la verdad no se va a saber; es un negocio entre la Fiscalía y la defensa donde nuestra opinión no es vinculante", afirmó el letrado, quien insiste en que la carátula original de homicidio calificado —que prevé prisión perpetua— debería ser la que rija el debate.
Antecedentes y demoras
La causa ha sufrido diversos giros procesales. En junio pasado, la Cámara de Villa Dolores redujo la gravedad de las imputaciones de “doloso” a “culposo”. Asimismo, el primer fiscal del caso, Raúl Ramírez, se encuentra hoy fuera de la causa e imputado por encubrimiento en un expediente vinculado al narcotráfico.
Mientras se aguarda que la Cámara de Cruz del Eje resuelva en un plazo de seis días, otros dos efectivos —el subcomisario Pablo Zárate y el agente Lucas Giménez— esperan ser juzgados por encubrimiento agravado. Por su parte, el cabo Juan Pablo Zunino fue excluido de la acusación por falta de mérito.
Para la familia de la víctima, la dilatación de los tiempos y el intento de evitar el juicio oral generan “incertidumbre”. “Queremos saber la verdad, y la verdad nuestra es que lo mató la policía”, sentenció Pérez.