Vecinos autoconvocados en contra la Autovía de montaña denunciaron a tres intendentes por el presunto delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La demanda penal apunta directamente a los jefes Comunales de las localidades de Santa María de Punilla (Dardo Zanotti), Cosquín (Gabriel Musso) y Bialet Massé (Marcelo Oliva). La presentación judicial, efectuada en la Fiscalía de Cosquín, acusa a los funcionarios de aprobar irregularmente los permisos que requería la obra.
"La normativa es clara y precisa: las autorizaciones se deben otorgar mediante ordenanzas o resoluciones emanadas del órgano legislativo municipal por excelencia, que son los Consejos Deliberantes. Por ende, está vedado expresamente hacerlo con la sola intervención del Departamento Ejecutivo. En otras palabras, no es potestad exclusiva de los intendentes autorizar proyectos que modifican el ordenamiento territorial y el uso del suelo dentro de sus municipios", expresaron los abogados de los ambientalistas punillenses.
"Tampoco es legal autorizar emprendimientos de altísimo impacto ambiental en zonas o áreas naturales protegidas. Las sierras y sus faldeos no están sujetas a obras viales ni desarrollo urbanístico porque conforman un ecosistema", indicaron y agregaron: "Los procesos ecológicos que se desarrollen en esos lugares deben ser protegidos y todas las actividades humanas deben estar orientadas a un manejo racional y responsable de sus recursos, según pautas de sustentabilidad acordes al carácter del área".
Comunicado. A todo esto, las Asambleas de Punilla y la Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital exigieron la "inmediata anulación de las licencias ambientales" de la autovía de montaña.
A través de un extenso y duro comunicado, los ambientalistas aseguraron defender "nuestro derecho a decidir cómo habitar nuestro territorio y el derecho al ambiente sano, para desarrollarnos individual y colectivamente, tal como lo garantiza la Constitución Nacional en su Artículo 41" En este sentido, le apuntaron a varias administraciones municipales. "A nivel de los municipios, no nos olvidamos que lo primero que hicieron todos los intendentes fue firmar el permiso para la obra en San Roque. Solamente el de Valle Hermoso no lo hizo. El resto calladitos, haciendo lo que les indicaba el Gobierno provincial. Y cuando pedimos información en cada pueblo o ciudad, las respuestas fueron siempre esquivas o nulas. Lo mismo a nivel provincial hasta el día en que publicaron el supuesto estudio de impacto ambiental, presentado por la dirección Provincial de Vialidad y realizado por el IISPI", indicaron.
Entonces fueron más allá con sus críticas: "Hoy sabemos que mientras ocultaban el proyecto, el Gobierno provincial hacía firmar a los intendentes de los pueblos afectados: Comuna San Roque, Santa María de Punilla, Bialet Massé y Cosquín, documentos que acuerdan la factibilidad de uso de suelo".
Un párrafo más abajo, el comunicado sostiene que no hubo "información técnica ni asesoramiento profesional sobre lo que estaban `autorizando´; sin informar a sus Concejos Deliberantes ni consultar al pueblo; sin realizar una Ordenanza o Decreto que publicite oficialmente el acuerdo, los Intendentes firmaron la entrega del territorio de su Municipio, excediéndose en el uso de sus atribuciones. Esto es ilegal y punible".
Además, recordaron que las asambleas vienen "ejerciendo" sus "derechos y accionando decididamente para hacer ver las inconsistencias e ilegalidades del proyecto", y por esto los Concejos Deliberantes de Bialet Massé y de Cosquín se han expedido en contra de esa firma ilegal de factibilidad de uso de suelo".
Con todo, consideraron que "este proyecto de Autovía de Montaña transformaría de forma negativa e irrecuperable el entorno en el que vivimos, con enormes riesgos para el ambiente y la salud de miles de personas de la provincia por contaminación radioactiva, inestabilidad del terreno, mayor contaminación del Dique San Roque que suministra agua a la capital, la mutación de nuestras cuencas hídricas y los riesgos de cambio climático, como inundaciones y sequías, consecuencia del desmonte de cientos de hectáreas de bosque nativo de categoría roja de máxima conservación con su consecuente aniquilación de flora, fauna y biodiversidad que la habitan".
Antes de cerrar, los ambientalistas remarcaron que "las autoridades de Córdoba han presentado un proyecto inconsistente, un estudio de impacto ambiental que técnicamente es débil, impreciso e irresponsable y que ya fue refutado públicamente por prestigiosas organizaciones científicas".