Javier Álvarez
La Justicia ordenó suspender el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) en la Ciudad de Buenos Aires y allanar distintas sedes oficiales para buscar documentación y pruebas en una causa en la que investiga para qué usó el Gobierno porteño casi 10 millones de datos biométricos de unos 7,5 millones de personas entre febrero de 2019 y marzo de 2022.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Andrés Gallardo, ordenó el allanamiento y requerimiento de documentación en el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Ciudad y la sede del ministerio de Seguridad porteño que conduce Marcelo D’Alessandro. La tarea estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Gallardo determinó que el Gobierno porteño accedió a datos de quienes aparecen en los listados de prófugos de la Justicia, pero también de dirigentes políticos como el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner; jueces, empresarios y periodistas, que nada tienen que ver con una situación de rebeldía ante los tribunales.
D’Alessandro dijo que la decisión del juez es “maliciosa”. Y aseguró que las consultas efectuadas al Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) “no tienen nada que ver con el sistema de reconocimiento facial y se realizan sustentadas en diversos convenios vigentes. Por ejemplo, cuando se efectúa una denuncia o, como sucedió en pandemia, para el permiso de circulación”.
“No existen irregularidades. Es muy claro que la Ciudad no usó de manera ilegal el reconocimiento facial”, enfatizó D’Alessandro. E indicó que el SRFP “desde abril de 2020 no está activo a causa de la pandemia”. Esto último, para Gallardo, es falso dado que tal suspensión fue derogada por la resolución N° 278/2020 de la Subsecretaría de Gestión Administrativa.
Fuentes judiciales consultadas por este medio señalaron que la investigación avanzará porque se intenta determinar para qué pudo haber utilizado el Gobierno porteño los datos a los que accedió. E indicaron que también pudo haber una falla en el ReNaPer –que depende actualmente del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro- porque en ningún momento se reparó en la cantidad de datos que estaba solicitando el Gobierno porteño.
El convenio marco
En febrero 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri, el Renaper y el ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad que gestionaba ya por entonces Horacio Rodríguez Larreta firmaron un convenio que habilitó a la Policía porteña el acceso a los datos biométricos, como las fotos y otra clase de información de personas buscadas.
A través de ese convenio, la Ciudad –como otras jurisdicciones del país- adhirió al Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), que fue creado a través del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1766/2011, en el segundo Gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El Estado porteño podía acceder a los datos solo de las personas que estaban incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y en marzo de 2022 llegaron a 40.000. Pero, según la investigación, el acceso a los datos biométricos fue más allá, alcanzando a casi 10 millones de datos de 7,5 millones de personas.
El expediente judicial
La causa judicial se inició en 2020 a partir de una denuncia del Observatorio de Derecho Informático Argentina (ODIA). La institución presentó una acción de amparo poniendo en duda la constitucionalidad y la convencionalidad de las normas que implementaron el sistema de reconocimiento facial en la Capital Federal.
Gallardo le solicitó al ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que presentara el listado de la totalidad de las personas incluidas en la CoNaRC, un detalle de las personas que estaban incluidas en dicha base de datos al día 25 de abril de 2019 y de las altas ocurridas en el sistema porteño desde la mencionada fecha hasta el día de la contestación.
En paralelo, el magistrado le pidió al ReNaPer –dependiente del ministerio del Interior de la Nación- el listado de personas, con identificación de nombre, apellido y DNI, cuyos datos biométricos hayan migrado hacia el ministerio de Justicia y Seguridad porteño y a la Policía de la Ciudad, dentro del marco del convenio para la búsqueda de prófugos.
Es que el convenio de adhesión al SIBIOS es muy claro: el ReNaPer solo puede facilitar el acceso a la información disponible en sus sistemas para a identificar o verificar la identidad de las personas humanas sobre las cuales el ministerio desarrolle tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial nacional, provincial y de la Ciudad, y durante la etapa de prevención e investigación de delitos de acción pública.
No obstante, se desprende de la resolución judicial de Gallardo, el ReNaPer recibió y respondió a solicitudes de datos biométricos efectuadas por el Gobierno porteño entre el 25 de abril de 2019 y 20 de diciembre de 2021 de 9.392.372 de personas y entre esa última fecha y el 09 de marzo de 2022, de otras 507.911 personas.
“Esto es un total de extracciones de datos biométricos de 9.900.282 personas en menos de dos años, dentro de los que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) se habría encontrado mayormente inactivo”, dice la resolución judicial.
Para el juez Gallardo, resulta “al menos alarmante” la excesiva discordancia cuantitativa que se advierte entre el listado de personas prófugas o en rebeldía y las peticiones de datos biométricos efectuadas por el Gobierno porteño. En ese sentido, para el magistrado hay al menos una “irregularidad” por parte del ministerio de Justicia y Seguridad porteño en el acceso a los datos biométricos de personas.
Quiénes aparecen
No obstante, para el juez, lo llamativo no son solo las “divergencias cuantitativas”. Gallardo escribió que el “mayor asombro” está en quiénes son las personas incluidas en los listados del Gobierno porteño. Ante ello, el tribunal publicó en su resolución solo 62 ejemplos de las personas que figuran: hay políticos, jueces, empresarios y periodistas.
Aparecen el presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y sus ministros de Seguridad, Sergio Berni, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque.
También figuran los datos biométricos de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto; el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni; el líder del MTE, Juan Grabois; la fiscal General por ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriel Boquín (quien instruyó en la Causa Correo); los diputados del Frente de Izquierda, Miryam Bregman y Nicolás Del Caño.
Entre los dirigentes políticos también están la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; los diputados liberales José Luis Espert y Javier Milei; también de los legisladores Ricardo López Murphy y Facundo Manes; y la jefa política de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Y del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
Y entre los empresarios aparecen Alejandro Bulgheroni; Eduardo Constantini; Marcos Galperín, y Eduardo Elsztain, entre otros. Y entre los periodistas figuran Eduardo Feinmann y Gustavo Sylvestre.
“No resulta necesaria demasiada perspicacia para advertir que las personas consignadas resultan ajenas al sistema penal, no se encuentran prófugas, rebeldes o con un pedido de captura, o al menos hasta lo que se conoce”, dijo Gallardo. Y advirtió que al menos de modo confeso no se advierten razones que justifiquen el acceso a los datos personales de los individuos que están fuera de la base de datos de la CoNaRC.