Francisco Rivarola
La Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME) manifestó su “enfático rechazo” al nuevo impuesto a los Sellos sobre los consumos con tarjetas de crédito incluido en el Presupuesto 2021 de la Ciudad de Buenos Aires.
“Es insólito, quieren estimular la economía agobiando al que la pone en marcha; en lugar de generar más incentivos para movilizar las ventas y la actividad productiva, le pegamos al cliente”, sostuvo el presidente de la CAME, Gerardo Díaz Beltrán.
Para la entidad, ante la “fuerte presión fiscal y financiera” que atraviesan los comercios, muy golpeados en sus ventas por la pandemia, sumado a la “incertidumbre” de los consumidores que pierden poder adquisitivo por el incremento de precios, “inventar nuevos impuestos sólo agravará la situación”.
Los comerciantes temen que el nuevo impuesto “se extienda a otras provincias, también ávidas de ingresos”, afirmó la CAME en un comunicado.
“Lo que generará es mayor informalidad en las ventas y atentará contra la bancarización”, expresó Díaz Beltrán.
También, aseguró que “sin ninguna duda es otro golpe al consumo; si queremos salir de esta crisis hay que tomar las medidas inversas, quitando impuestos para generar más trabajo”. “En el país ya se pagan más de 160 y con cada nuevo tributo la situación empeora en lugar de mejorar, porque espanta a los inversores y crea más incertidumbre”, recordó.
El Gobierno porteño presentó ayer su proyecto de Presupuesto 2021, que contempla gastos por más de 612.000 millones de pesos y nuevos impuestos a las operaciones financieras con Leliqs y a los gastos con tarjetas de crédito, que definió como “transitorios”, para “compensar” la quita de fondos de Coparticipación.
El proyecto ingresó a la Legislatura porteña con casi dos meses de atraso y será defendido el miércoles próximo ante los diputados por el ministro de Economía y Finanzas de la Ciudad, Martín Mura.
Según indicaron desde el Ejecutivo, para 2021 se estipuló “un presupuesto de contingencia y con medidas transitorias” que se encuadran en un plan diseñado para equilibrar las cuentas que estaban planificadas previamente a la decisión del Gobierno nacional de redirigir un porcentaje de la Coparticipación que percibía la Ciudad.