El Metro de Madrid estaba al tanto de que los trenes que vendió al Subte de Buenos Aires en 2011 contenían amianto y que remitió esta información al Ministerio de Empleo español ocho años antes de la operación, según informó este jueves la prensa local.
La ley española prohíbe desde 2001 la comercialización de todas las variedades de amianto, por lo que, de confirmarse que la venta se hizo a sabiendas de que los trenes contenían este material cancerígeno, se habría cometido una ilegalidad.
El tema involcura a los ex consejeros de transporte Manuel Lamela, quien inició la negociación de la venta de los trenes en 2008, y Pablo Cavero, quien cerró la operación, ambos del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.
A raíz de las últimas revelación, el Metro de Madrid informó hoy que está estudiando si hubo irregularidades en la venta de los trenes a la Argentina.
En un informe que data de 2003, revelado por el diario El Mundo y la emisora Cadena Ser, Metro de Madrid reconoce ante la Comisión Nacional de Seguridad y Transporte -dependiente de Empleo- la existencia de amianto en 115 de sus trenes.
De acuerdo con el inventario detallado que aporta la compañía, entre las unidades de negocio "afectadas por la exposición al amianto" había "65 unidades de trenes clásicos del modelo 5.000 de la 1ª serie", los mismos que se vendieron en 2011 a la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase).
El pasado 20 de febrero Sbase informó que, como "medida preventiva", sacó de circulación tres formaciones de la Línea B, coches CAF 5.000, que habían sido comprados a Metro de Madrid ante la posible presencia de asbesto (amianto).
La decisión fue adoptada después de que Metro de Madrid reconociera públicamente la presencia de ese material en los trenes, a raíz del caso de un trabajador de la red que desarrolló un tipo de cáncer conocido como asbestosis, provocado por la explosión prolongada a ese mineral.
Sbase exigió a Metro de Madrid que confirmara si los trenes estaban contaminados, con lo que la compañía española solicitó certificados a los fabricantes para verificarlo. En tanto, los partidos opositores españoles advierten de que pedirán "responsabilidades" si el PP se saltó la ley, ya que se trata de hechos "muy graves".