La Justicia investiga a una farmacia de San Isidro por una presunta estafa al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), a través de la cual le facturó entre enero de 2013 y enero de 2016 más de 61 millones de pesos.
Según las primeras investigaciones, Diego Nattero, el dueño de la farmacia "Añon" (ubicada en Avenida Andrés Rolón 138) presentó en esos tres años a la obra social de jubilados y pensionados 56.807 recetas en las que se prescribieron medicamentos e insumos para diabéticos, en particular insulinas y tiras reactivas.
Esa cifra disparó las alarmas en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y su PAMI (UFI-PAMI).
Desde entonces, pudieron comprobar que para esas recetas se usaron los datos de más de 1.900 afiliados, 200 de los cuales ya habían fallecido y varios otros ni siquiera tenían diabetes. Por otra parte, la farmacia contaba con información de los afiliados que fue enviada desde el propio PAMI.
Los médicos involucrados en la firma de esas recetas son siete, y en esos tres años firmaron más de 6.000 recetas cada uno.
Durante ese período, la farmacia "Añon" facturó al PAMI un total de $46.899.623,97 en concepto de tiras reactivas y otros $14.926.545,20 por insulinas, ambos insumos de distribución gratuita.
Según los investigadores, para almacenar esa cantidad de insulina que facturaba, la farmacia debería contar con muchas heladeras, algo imposible debido al tamaño del local.
La UFI-PAMI ya había denunciado a esa farmacia por falsificar 2.700 recetas en solo tres semanas de enero de 2016. Esa denuncia está en el juzgado federal de Sebastián Casanello.
Por esa razón, la UFI-PAMI amplió la denuncia ya que descubrió que la falsificación de recetas había sido extendida en el tiempo.
Según Infobae, la ampliación de la denuncia, el titular de UFI-PAMI, Arzubi Calvo, le pide al juez Casanello que cite a indagatoria al dueño de la farmacia y a un empleado del PAMI, Juan Pugliese, presunto partícipe de la estafa. Es por el delito de defraudación contra la administración pública.