Mattia Panza
El viernes al mediodía se difundió la noticia de una toma ilegal de una capilla en la localidad de El Bolsón. Un grupo con banderas mapuche se apropió del lugar y golpearon al sacerdote que se encontraba en su interior. Se trata de la Parroquia Nuestra Señora de Luján, y religioso que fue atacado, Ricardo Citadini.
Tres personas fueron acusadas y formalmente imputadas por el ataque. Se trata de dos mujeres y un hombre, acusados de la privación ilegítima de la libertad de un sacerdote y un fraile, y de daños al edificio.
Los atacantes fueron liberados pero se les ordenó una orden de restricción: no podrán acercarse a la iglesia ni a sus religiosos, dispuso el fiscal Francisco Arrien, con asiento en El Bolsón.
Estas personas fueron acusadas de "junto a otras personas aún no identificadas, las que ingresaron a la parroquia a partir de una maniobra ejecutada por dos mujeres que previamente solicitaron ingresar a los sanitarios", según informó el Ministerio Público Fiscal.
El fiscal explicó que "una de esta mujeres fue quien abrió una de las puertas de acceso y permitió que ingresen unas doce personas aproximadamente, con sus rostros cubiertos. Tres o cuatro de ellos tiran al piso al párroco Ricardo Cittadini, quien logra escapar hacia afuera de la parroquia, quedando dentro de la misma el fraile Ariel Borras, sin poder salir".
"Una vez adentro el grupo trabó con bancos de madera la puerta de ingreso a la iglesia, realizando pintadas con pintura roja en las paredes y en los símbolos religiosos, manifestando que querían tener una comunicación telefónica con el obispo de San Isidro ya que se iba realizar una audiencia por conflictos mapuches. Instantes después tres de los implicados fueron detenidos en la vía publica", sostuvo Arrien en la audiencia.
A los tres detenidos se les prohibió el contacto y acercamiento a los párrocos de la iglesia. “Buscamos con ello pacificar el conflicto y desentrañar un conflicto más profundo en el marco de la investigación”, dijo Arrien.
El juez Sergio Pichetto dispuso que la investigación durara cuatro meses y aseguró cualquier violación a la orden de acercamiento y contacto traería aparejado nuevos delitos y una medida cautelar más gravosa.