Rita Márquez
El pedido del Gobierno de la Ciudad ya encontró un escollo en su camino por darle continuidad a las clases presenciales. Se trata del rechazo por parte de Romina Tesone, jueza en lo Contencioso Administrativo porteña, quien determinó que “la Ciudad acudió directamente a la Corte Suprema para la declaración de inconstitucionalidad del DNU” y que buscó en esa instancia, “la resolución del conflicto con el Estado nacional”.
Entre los amparos presentados por padres de alumnos, el que siguió su curso para ser tratado por la Justicia porteña fue el que patrocinó la Defensoría Oficial. Asimismo, este lunes se sabrá si avanzan otros dos: uno formulado por la ONG Abramos las Escuelas integrados por docentes, y otro del espacio conocido como Centro de Estudios de Políticas Públicas.
Días atrás, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Corte Suprema de Justicia un amparo para que se deje sin efecto los alcances del DNU 421/2021. Horas más tarde, la Procuración General de la Nación avaló el pedido, asegurando que el máximo tribunal podía resolverlo. Asimismo, otra importante cantidad de amparos fueron llegando ante la justicia porteña.
El de la Defensoría Oficial, presentado en nombre de un conjunto de padres y de estudiantes también, argumentaba que existe “una afectación de manera cierta y actual y con arbitrariedad e ilegitimidad” a los derechos y garantías “de rango constitucional, en particular el acceso al derecho a la educación, cuya garantía la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”. Este fue el primero en rechazar Tesone, quien luego entendió también que como la Ciudad acudió a la Corte para que resuelva el planteo de inconstitucionalidad del DNU, ella “no debía pronunciarse al respecto”.
Lo cierto es que este rechazo marca precedente y, así, otros jueces podrían tomar la misma postura y no dar lugar al resto de los amparos, utilizando el mismo criterio.
Las presentaciones llegaron a Tesone luego de que su colega, Marcelo Segón se declarara “incompetente” y envió esos escritos a la jueza Romina Tesone que ya había rechazado horas previas el pedido de los padres representados por la Defensoría Oficial. Los abogados involucrados temen que sus amparos, en manos de Tesone, corran la misma suerte, por lo que pidieron que regresen al poder de Segón.
Finalmente, así fue y será este juez quien deberá expedirse respecto a si hace lugar a la apertura de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires el día lunes, o si por el contrario, rechaza el reclamo y convalida la decisión del Gobierno nacional.
El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, aguarda la determinación de la Corte Suprema. Los tres ejes que se destacan en el amparo son: la supuesta violación de la autonomía de la Ciudad, -”la decisión adoptada por el Estado Nacional implica una virtual intervención federal”; la violación al principio de razonabilidad -”la suspensión de las clases presenciales no se encuentra justificada en datos empíricos”- y la violación del principio de supremacía federal, según el cual “se declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino”.