Rita Márquez
La derogación del decreto firmado por Mauricio Macri en enero de 2017, por el cual se endurecían los controles migratorios para impedir el ingreso al país de extranjeros vinculados al delito y se agilizaban los trámites de expulsión de los que tenían antecedentes penales, generó una fuerte polémica.
El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se expresó al respecto: “No comparto el decreto de Fernández, el extranjero que delinque debe ser expulsado”.
En una extensa nota de opinión publicada en Infobae, el ministro sostuvo: “Siento la obligación de compartir lo que pienso y de no esconderme. Creo en la posibilidad del disenso y del sano debate de ideas, verdadero motor de una sociedad que se precia de democrática. No me gusta murmurar en sordina mis propias ideas”.
Y continuó: “Nuestra Constitución Nacional no sólo tolera, sino que promueve y alienta la inmigración extranjera. Esa ha sido la tradición histórica que nos ha convertido en un verdadero crisol de razas. Somos una sociedad tolerante, democrática, plural, diversa en términos étnicos y religiosos, amigable con el extranjero”.
“Todas las sociedades del mundo eligen a quiénes abrir sus puertas. En nuestro caso, la exigencia de no tener antecedentes penales para poder entrar y permanecer en el territorio nacional no pareciera ser una extravagancia ni un requisito irrazonable o descomedido”, consideró.
Berni precisó que “nuestro país se formó con los extranjeros que llegaron a estas tierras a trabajar y poblar un país extenso, en esa mixtura maravillosa con la población nativa como consecuencia de las sucesivas oleadas inmigratorias”.
“No entiendo los fallos judiciales que consideran discriminatoria la cláusula de no tener antecedentes penales para entrar al país, y que consecuentemente se modifique la legislación invocando dicha jurisprudencia. Aquí no se trata de estigmatizar al extranjero. Se trata de exigir algo mínimo, algo básico: que las personas que quieran asentarse en nuestro país no hayan delinquido”, señaló, contundente.
“Durante años impulsé que el extranjero que delinque en nuestro país sea expulsado a su país de origen. Por eso es que no comparto el decreto que torna más dificultoso y lento dicho procedimiento. Entiendo que esta tierra generosa debe premiar al extranjero que viene a trabajar, y que debe ser riguroso con quien violenta las reglas mínimas de convivencia en común plasmadas en un código penal.
Según Berni, “perdemos demasiado tiempo en los pretendidos derechos de última generación, en desmedro de los derechos más básicos y elementales: vida, seguridad, trabajo, salario y propiedad”.
Por último, aclaró: “No quiero enredarme en debates absurdos. Este debate nada tiene que ver con construir muros, abandonar balseros en altamar o negar protección médica a grupos migrantes. Ese es el drama de otras regiones del planeta”.
El número duplicó la cifra del último mandato de Cristina Kirchner (1.256). “Terminamos la gestión con aproximadamente 3.000 expulsados, entre los que delinquían o violaban la ley migratoria. Antes de Macri las cifras de deportaciones eran nulas”, remarcó un exfuncionario del macrismo.
Según un informe que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) difundió a medidos de 2019, la cifra de deportados tuvo un crecimiento exponencial durante el mandato del anterior gobierno, sobre todo, después de que se pusieran en marcha las medidas para endurecer los controles en enero de 2017.
En 2015, último año del segundo mandato de Cristina Kirchner, hubo 239 deportados. Entre 2016 y 2017, la cifra de extranjeros expulsados pasó de 323 a 495. En 2018, el dato volvió a subir: hubo 703 expulsiones. Además, hubo 53.866 inspecciones de control de permanencia entre 2016 y 2018. Desde el macrismo remarcan también que durante la gestión de Cambiemos se radicaron 820.000 extranjeros.