Redacción Vía País
Luego de que Alberto Fernández decidiera desacatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó restituir fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, la UCR anticipó que pedirá el juicio político contra el Presidente, al que podrían sumarse los demás bloques que integran Juntos por el Cambio.
El proyecto será presentado en la Cámara de Diputados entre el lunes y el martes próximo, según adelantaron fuentes parlamentarias.
El juicio político es un instituto regulado en los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional, cuyo fin último es la destitución.
Sólo pueden ser juzgados por el Congreso el Presidente, el Vicepresidente, el jefe de Gabinete, los ministros y los jueces de la Corte Suprema, por mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes.
Diputados actúa como cámara acusadora y el Senado, como cámara enjuiciadora. Sin embargo, el principal obstáculo que enfrenta la oposición es que la Carta Magna exige dos tercios de los votos en ambas cámaras, es decir, 172 en Diputados y 48 en el Senado.
Actualmente, el Frente de Todos tiene 118 miembros en la Cámara baja y 35 en la Cámara alta. Es decir que podría bloquear en el recinto cualquier proyecto de juicio político.
En Diputados hay varias iniciativas impulsadas por la oposición para enjuiciar al Presidente Fernández. Una de las últimas fue presentada en agosto de 2021 a raíz del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en plena cuarentena en la quinta de Olivos.
Cuáles son los antecedentes similares más recientes
Desde el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema del menemismo, que entre 2003 y 2005 provocó la destitución de los jueces Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano (Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez renunciaron durante el proceso), ningún otro proyecto prosperó en el Congreso más allá de algunos intentos frustrados.
En 2014, el Frente para la Victoria-PJ rechazó “in limine” los pedidos presentados contra Amado Boudou por el caso Ciccone, que era investigado en la Justicia. Con la diputada Diana Conti a la cabeza, el bloque presentó un informe en defensa del entonces Vicepresidente y adujo que la oposición intentaba presionar a la Justicia violando la división de poderes. El documento se aprobó en la comisión y el caso quedó archivado.
El otro antecedente fresco data de 2015, cuando la comisión pasó a manos de Anabel Fernández Sagasti. El FpV-PJ convocó a tratar el caso del juez de la Corte Suprema Carlos Fayt, cuestionado por continuar en el cargo a sus 97 años. El origen de la acusación era la dudosa firma de la acordada que permitió la reelección de Ricardo Lorenzetti como presidente.
El kirchnerismo conformó una subcomisión para evaluar el estado de salud mental de Fayt. Esa subcomisión, que tenía planeado citar a Horacio Verbitsky (entre otros), se reunió en forma reservada y los testimonios no se dieron a conocer. Como no había ningún expediente presentado contra el juez, la oposición se negó a participar. El tema finalmente se enfrió y Fayt falleció al año siguiente.