Florencia Orzanco
Este martes la organización Human Rights Watch denunció a través de un informe la represión en Nicaragua contra miembros de la oposición y la sociedad civil que lleva a cabo el gobierno de Daniel Ortega. En el mismo se reclama a las Naciones Unidas que proteja los derechos humanos y asegure las elecciones libres en Nicaragua.
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El informe que consta de 37 páginas y más de 50 entrevistas, puntualiza el hostigamiento, detenciones y procesos penales arbitrarios y abusos en detenciones de críticos y opositores nicaragüenses.
Cabe recordar que entre el 2 y el 20 de junio, las autoridades nicaragüenses detuvieron e iniciaron procesos penales arbitrarios contra cinco de los principales precandidatos presidenciales opositores y al menos otros nueve reconocidos críticos del gobierno, señala el informe.
Según indica el informe los arrestos de opositores y otras graves violaciones de derechos humanos contra críticos a pocos meses de las elecciones presidenciales “parecen formar parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección del presidente Ortega para un cuarto mandato consecutivo“.
Condena en la Organización de Estados Americanos
El martes pasado, la mayoría de países de la región condenó en la OEA los arrestos y solicitó la liberación de los opositores detenidos. No obstante, Argentina y México se abstuvieron de votar y debido a esto se suscitaron varias críticas por parte de los organismos de derechos humanos.
Pese a las críticas internacionales, los arrestos no cesan. Este lunes fueron detenidos la política opositora María Fernanda Flores Lanzas, esposa del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán y el periodista Miguel Mendoza, ambos según informó la Policía Nacional bajo la acusación de actos realizados que menoscaban la soberanía de Nicaragua.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco sostuvo: “Ante la gravedad y la intensificación de la brutal represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del gobierno de Ortega en las últimas semanas, es necesario que se redoble la presión internacional”.
Pedido ante la Organización de Naciones Unidas
El informe realizado por Human Rights Watch detalla que la crisis nicaragüense tiene “repercusiones alarmantes a nivel regional“, con más de 108.000 nicaragüenses que huyeron del país desde 2018, la mayoría de ellos hacia Costa Rica.
“Apoyándose en las medidas previamente por la ONU, es fundamental que el Secretario General (Antonio Guterres) potencie las acciones de la Organización de las Naciones Unidas y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad”, reclamó Vivanco.
Entre enero y junio de 2021, Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 53 personas en Nicaragua, incluidos 46 activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos que han sido víctimas de hostigamiento o detenciones arbitrarias.
Ortega ejerce control sobre las fuerzas de seguridad
El informe advierte que “Ortega ejerce una dirección de control sobre las fuerzas de seguridad. Es común que policías –y, a veces, militares– hagan guardia frente a las residencias de críticos para impedir que salgan de sus hogares, en circunstancias que constituyen detención arbitraria“.
“Muchas víctimas manifestaron no poder visitar a amigos o familiares, asistir a reuniones, ir a trabajar o participar en protestas o actividades políticas. Algunas no pudieron llevar a cabo a sus hijos a la escuela o a citas médicas. Hemos documentado tres casos de mujeres que sufrieron acoso y agresión sexual durante su detención“, añade.
Ante esta situación, solicitan que el Secretario General de las Naciones Unidas invoque el artículo 99 de la Carta de la organización para presentar la situación en Nicaragua ante el Consejo de Seguridad, como una crisis de proporciones cada vez mayores que involucra graves violaciones de derechos humanos y podría generar inestabilidad en la región.