El proyecto de ley que determina que no pagarán el impuesto a las Ganancias los trabajadores en relación de dependencia que cobren hasta 124.500 pesos de bolsillo por mes incluye cada vez más beneficios e ítems salariales que también quedarán eximidos, que fueron negociados en los últimos días y horas, con los gremios y con la oposición.
Los últimos agregados aumentaron en un 15% el costo fiscal de la medida, en relación con el que había sido informado la semana pasada por los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández.
De acuerdo con un informe sobre el impacto fiscal del proyecto, elaborado y presentado este miércoles por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), y al que tuvo acceso Vía País, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “verían afectados sus ingresos en 27.850 millones de pesos y la Administración Nacional reduciría sus ingresos en 18.816 millones, siendo los restantes 904 millones correspondientes a Otros Entes del Sector Público”.
La suma da 47.570 millones de pesos de costo fiscal para el Estado en su conjunto, contra los 41.250 millones de pesos que había calculado el Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán.
Según pudo saber Vía País, el oficialismo ya hizo circular el borrador del proyecto final, que será firmado, con disidencias parciales, por el principal espacio de la oposición, Juntos por el Cambio (JPC).
De esta manera, la iniciativa se encamina no solamente a una aprobación segura sino con una holgada cantidad de votos.
La propuesta, que presentó el presidente de la Cámara Baja, el diputado Sergio Massa, y que firman también sus compañeros del Frente de Todos (FDT) y de otros bloques opositores, obtendrá este jueves el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo.
Y, de esta forma, quedará lista para ser debatida en una sesión, que está prevista para el martes de la próxima semana.
Novedades
Este miércoles, según pudo saber Vía País, se le agregaron al borrador más beneficios.
Uno de ellos es que tampoco pagará Ganancias el reintegro de gastos de guardería para los hijos e hijas de hasta 3 años de edad.
También, que se duplica la deducción por hijo con discapacidad, que fue un pedido realizado por el radicalismo.
Y se prorrogará la exención a las horas extras del personal de salud, como consecuencia de la pandemia.
Estos beneficios se suman a otros que ya habían sido acordados la semana pasada.
Por ejemplo, que la medida será retroactiva a enero 2021, por lo cual todo lo descontado durante estos meses será reintegrado una vez que el proyecto esté en vigor.
Esto podría producirse en el transcurso de abril, una vez que el Senado, como es de esperarse, convierta en ley la iniciativa. De manera tal que las devoluciones empezarían a concretarse en mayo, tres meses antes de las elecciones.
Además de la retroactividad, la norma también eximirá a los aguinaldos para salarios que no superen el nuevo piso, a los pluses por movilidad y a los viáticos.
También se establecen deducciones por concubinato y el 22% adicional para la zona patagónica.
Jubilados
El oficialismo le concedió un pedido a la oposición en relación con los jubilados: la propuesta original establecía una suba del piso a partir del cual pagan Ganancias de seis a ocho haberes mínimos, pero se excluía de ese alivio a quienes tuvieran un ingreso adicional, como por ejemplo un plazo fijo.
Ahora, el mismo piso de 150.000 pesos de salario bruto (124.500 de bolsillo) para asalariados regirá también para jubilados y, en lo referido al máximo de 8 haberes mínimos, que son 164.568 pesos, se agrega en el texto del proyecto que no pagarán Ganancias siempre que sus ingresos adicionales no excedan la ganancia no imponible, que son 160.000 pesos anuales.
El oficialismo, en cambio, se cerró en dejar afuera a los trabajadores del régimen de Autónomos, que JPC había pedido que fueran incluidos, y tampoco cedió al planteo de que la actualización del mínimo no imponible fuera por inflación (IPC) y no por el índice de evolución de los salarios (Ripte), que mide el Ministerio de Trabajo de la Nación.
También se mantuvieron inflexibles en el plazo de actualización: la oposición pedía que fuera semestral, debido a la alta inflación, pero quedó anual, tal como lo establecía el proyecto original de Massa.
“Esto es un alivio fiscal importante para los trabajadores en relación de dependencia. Resta atender la situación de los Autónomos y disponer un mecanismo de actualización para evitar que la inflación produzca un nuevo retroceso”, dijo en diálogo con Vía País el diputado radical por San Luis Alejandro Cacace, integrante de la comisión de Presupuesto.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.