Carolina Ramos
En una reivindicación histórica para las personas travestis, transexuales y transgénero, y tras un debate cargado de emotividad, el Senado convirtió en ley el proyecto que garantiza a este colectivo un cupo laboral del 1% en el Estado y que establece incentivos para la contratación en el sector privado.
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La iniciativa, que lleva el nombre de las referentes Diana Sacayán y Lohana Berkins, recibió 55 votos afirmativos, uno solo negativo (del cordobés Ernesto Martínez) y seis abstenciones, todas de Juntos por el Cambio: Roberto Basualdo, Julio Cobos, Silvia Elías de Pérez, Laura Rodríguez Machado, Humberto Schiavoni y Belén Tapia.
El debate se extendió durante casi dos horas y media, con mayoría de oradoras mujeres del Frente de Todos. Desde un palco, siguió la sesión la actriz y conductora Florencia de la V, mientras en las afueras del Congreso numerosas militantes del colectivo se congregaron a festejar la conquista.
“Esta es una ley que viene a compensar un poco tanto dolor, tanto desamparo sufrido durante décadas, tantas vidas truncas, tantos proyectos anulados. Tenemos la oportunidad de revertir una realidad de discriminación y violencia que somete a las personas travestis, trans y transgénero”, destacó Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer.
El proyecto aprobado amplía el decreto firmado por Alberto Fernández el año pasado y fija un cupo mínimo del 1% en los tres poderes del Estado, Ministerios Públicos, organismos descentralizados o autárquicos, entes públicos no estatales, y empresas y sociedades del Estado.
Sin embargo, Durango sostuvo que “estamos discutiendo algo más que el cupo trans: estamos discutiendo si este colectivo va a empezar a tener los derechos que como ciudadanas y ciudadanos le corresponden. Estamos hablando de derechos humanos. Estamos aquí por Diana y por Lohana”.
Tras mencionar “las dificultades para acceder a la educación, a la salud, a la vivienda, así como a la protección frente a la informalidad laboral y al desempleo”, la pampeana advirtió que la expectativa de vida de estas personas es de entre 35 y 40 años.
Uno de los discursos más destacados fue el de Gladys González (Pro), quien aprovechó para hacer una fuerte autocrítica sobre su voto en contra del matrimonio igualitario en 2010: “No entendía y eso hizo que votara con una mirada parcial, condicionada por lo cultural, por lo religioso, llena de prejuicios y de ignorancia”.
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“Hoy no quiero que me pase lo mismo. Hoy quiero votar mirando con mayúscula. Quiero reconocer y valorar al otro. No quiero mirar para otro lado negando”, confesó la legisladora, una de las únicas oradoras de Juntos por el Cambio.
Y agregó: “Tuve una familia que no me rechazó por lo que soy, pude ir a la escuela y trabajo desde los 18 años en aquello que me apasiona. En síntesis, tuve la oportunidad de elegir, una oportunidad que muchos y muchas no tienen. Soy mujer y fue más difícil, pero nada se compara a la experiencia de vida de las personas trans”.
En la sesión hubo recurrentes menciones a Berkins y Sacayán, quienes inspiraron la ley. “A Lohana su padre la echó de su casa a los 13 años por travesti, y la refugió su mamá travesti. Junto a otras más, les enseñaba a defenderse de la Policía y de los civiles. Ella entendió que las travestis son algo más que simples sujetos de deseo: que son sujetos de derecho”, resaltó la oficialista Silvia Sapag.
Sobre Sacayán, quien fue asesinada a los 40 años, recordó que “desde joven fue víctima de violencia institucional y sufrió cárcel, y allí comenzó su militancia y luchó para mejorar su vida y la de sus compañeras”. Diana fue una de las primeras mujeres trans en recibir un DNI con su identidad de género autopercibida, en 2012, de manos de la entonces presidenta Cristina Kirchner.
Hacia el cierre del debate, Luis Naidenoff, jefe del interbloque Juntos por el Cambio, calificó el proyecto como “un piso de dignidad” y dijo que supone “dar una vuelta de página en una historia de discriminación de sectores vulnerables”, donde “el Estado tiene que dar un paso más” para hacerse cargo de esa situación.
“Hubiese estado bueno que en años anteriores hubiéramos podido dar este debate”, le reprochó, a continuación, el oficialista Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
La ley aprobada garantiza el acceso al trabajo para la población travesti trans en cualquier modalidad de contratación y hayan o no accedido al cambio registral, y además se crea un Registro Único de Aspirantes. Si la persona no terminó sus estudios, podrá acceder igualmente al trabajo, con la condición de finalizarlos.
Otro aspecto importante es que los antecedentes penales y contravencionales que resulten irrelevantes para el cargo a ocupar no podrán ser un obstáculo para acceder al mismo. Algunos senadores de Juntos por el Cambio rechazaron o se abstuvieron en este artículo, el 7.
Como incentivo al sector privado, el Estado deberá priorizar, en las compras de insumos y provisiones, a empresas que contraten personal trans. Asimismo, las contribuciones patronales a pagar por la contratación de estas personas podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales durante un año. Para las pymes, el beneficio será por dos años.
Por último, se otorgan líneas de crédito preferenciales para emprendimientos trans y se invita a adherir a las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y universidades, aunque muchas ya tienen normativas al respecto.
La norma fue impulsada por el Frente Orgullo y Lucha, la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, en un trabajo mancomunado con diputadas nacionales, entre ellas la cordobesa Gabriela Estévez.
“Después de muchos años de militancia por parte de las organizaciones logramos la sanción de la ley. Hemos recuperado la senda del progreso con inclusión, reparando allí donde históricamente se había discriminado y violentado, avanzando con decisión política hacia la construcción de una sociedad plural e igualitaria”, celebró Estévez.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.