En la mañana de este miércoles se dio a conocer que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó a favor de Carlos Carrascosa al opinar que debe ser desestimada la última apelación que hizo el Ministerio Público Fiscal bonaerense contra la absolución que le fue dictada en 2016 al viudo por el homicidio de su esposa María Marta García Belsunce.
Si al momento de resolver este recurso de queja elevado por la Procuración General bonaerense en 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación comparte el mismo criterio que Casal, Carrascosa quedará absuelto en forma definitiva en este caso, que ya cumplió 18 años y que este año tuvo un rebrote de interés público cuando se estrenó el documental “Carmel, ¿Quién mató a María Marta”.
“En mi opinión, el recurso extraordinario intentado es inadmisible y la queja, por lo tanto, debe ser desestimada”, afirmó Casal en su dictamen de ocho fojas al que tuvo acceso Télam y que está firmado el 1° de ese mes.
Según su criterio, “el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia es de naturaleza excepcional, pues no le corresponde a la Corte sustituir a los jueces de la provincia en temas de prueba y de derecho común y procesal local, que son propios de éstos”.
“La doctrina de la arbitrariedad de sentencia -cabe destacar una vez más- no tiene por objeto corregir fallos que las partes puedan reputar equivocados, sino que sólo pretende suplir defectos realmente graves de razonamiento que impidan considerar a la sentencia como el acto jurisdiccional al que toda parte en un proceso tiene un derecho constitucionalmente asegurado”, agregó Casal.
“En fin, no encuentro en ese trámite la violación al derecho de defensa que alega el recurrente ni, por ello, razones para objetar la sentencia de la corte bonaerense que permitan fundar la competencia por apelación del Tribunal según su doctrina de la arbitrariedad”, concluye el procurador.
En el dictamen, el procurador también reivindicó el fallo de la Suprema Corte bonaerense que el 3 de octubre de 2018 confirmó la absolución que le había dictado en 2016 el Tribunal de Casación Penal de la provincia, y que fue el apelado 14 días más tarde por el subprocurador bonaerense, Juan Ángel de Oliveira, para que la causa llegara a la Corte nacional.