Tomás López
El fiscal federal Carlos Stornelli impulsa una causa contra Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones y funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Investiga los delitos de “abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad”, por la obligación que dispuso el gobierno bonaerense de que los viajeros que regresen del exterior se aíslen cuatro días en hoteles al ingresar al país.
La disposición del Gobierno bonaerense que ordena a los residentes en esa provincia permanecer durante cuatro días en un hotel al regresar del exterior, con el costo a cargo del viajero.
La medida fue tomada por el Ejecutivo provincial con un “criterio sanitario”, dado que se buscaba retrasar el ingreso de la variante Delta del coronavirus al país.
“No estábamos enterados. No nos llegó nada, nos estamos enterando ahora”, consignaron fuentes cercanar de la titular de Migraciones a Clarín.
La denuncia de Stornelli, además, incluye a el exministro de Salud bonaerense y precandidato a diputado nacional por el oficialismo Daniel Gollan, y el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, según publicó este sábado Infobae.
Stornelli buscará esclarecer la responsabilidad de los funcionarios provinciales y nacionales en los delitos investigados, por lo que el fiscal pidió una serie de gestiones administrativas al juez federal Ariel Lijo.
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Qué dice el decreto del gobierno bonaerense sobre el aislamiento
Desde el 1 de julio, en la Provincia de Buenos Aires rige la norma Nº 192-MJGM-2021, firmada por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco. En ella se estipula que quienes regresen del exterior a la Provincia deberán aislarse en hoteles por cuatro días y asumir el costo.
“Los costos en los que incurrieran las personas previstas en el artículo 1° como consecuencia del transporte, la comida y/o la estadía en los lugares de aislamiento obligatorio deberán ser asumidos por la persona que ingresa al país y el pago se hará efectivo directamente en el hotel, albergue o establecimiento habilitado”, consigna la norma.
Quienes incumplan la norma pueden llegar a ser multados por hasta 4,3 millones de pesos, más las sanciones penales que correspondieran.