El proyecto de ley de legalización del aborto será la primera iniciativa que este año la Cámara de Diputados debatirá en el recinto en forma presencial, el jueves y el viernes próximo, aunque los legisladores que no puedan concurrir al cuerpo por integrar los grupos de riesgo podrán participar de la discusión en forma remota.
Desde marzo último, el plenario legislativo funciona con un sistema mixto, con una mínima presencia de legisladores en el pleno del recinto y una mayoría en forma remota, debido a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. En cambio, los proyectos de legalización del aborto y el Plan de los 1000 días serán tratados en forma presencial en una misma sesión que se iniciará el jueves a la mañana y, se estima, finalizará el viernes a la tarde, indicaron fuentes parlamentarias.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordó en la medianoche del viernes con los jefes de bloques un nuevo protocolo hasta el 3 de enero próximo para el funcionamiento de las sesiones y comisiones.
Se prevé que en esta primera sesión entre un 50 y 60 por ciento de los diputados estará presente dentro del recinto y en los palcos superiores, de acuerdo con un esquema ideado para garantizar el distanciamiento social entre los legisladores, que deberán tener el barbijo puesto durante toda la reunión del pleno del cuerpo. Para garantizar las condiciones sanitarias se informó que se va a “funcionar con burbuja y testeo PCR por saliva con resultado en 6 horas para diputados y personal de la Cámara”.
En ese sentido se estableció que cada bloque debe informar el listado de legisladores que se realizarán el testeo en la cámara y quienes lo acreditarán de manera particular, de acuerdo con el protocolo médico. En cada banca habrá una computadora ya que la votación se hará con el sistema VPN, tanto para los que están en forma presencial como aquellos que lo hacen de manera virtual por ser grupo de riesgo o tener que cumplir aislamiento por padecer Covid-19 o por haber riesgos de un contacto estrecho.
En esta situación se encuentra el jefe del Frente de Todos, Máximo Kirchner, quien desde ayer inició aislamiento ya que viajó junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con una persona a la que le detectaron coronavirus.
Con este consenso alcanzado el viernes entre Massa y los jefes parlamentarios comenzaron los preparativos para la sesión del año, en la que el oficialismo aspira a aprobar el proyecto impulsado por el presidente Alberto Fernández que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, cuyo giro al Congreso fue una de las promesas de la campaña electoral.
Junto con esa iniciativa se tratará en el proyecto del Plan de los 1000 días que busca proteger y ayudar a las mujeres embarazadas hasta la primera infancia, donde se contempla que tengan una asignación especial del Estado Nacional.
La primera prueba será el miércoles a las 13, en la sesión preparatoria, en la que será reelecto como presidente de la cámara baja, Sergio Massa, así como el resto de las vicepresidencias del cuerpo legislativo. Posteriormente, a las 14 se efectuará en la sala de reuniones del Anexo C el plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto, para emitir dictamen sobre el Plan de los 1000 días de cuidado integral de la mujer embarazada hasta la primera infancia.
En tanto, el plenario de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Acción Social y Salud Pública, y Mujeres y Diversidades, se efectuará a las 17 en el recinto de la cámara baja para mantener el distanciamiento social ya que reúne casi un centenar de legisladores.
En ambos casos habrá diputados que podrán participar en remota ya en todos los casos se votará a través del sistema de VPN. El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que envió el Presidente al Congreso establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Además, habilita la “objeción de conciencia” por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional. En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá “el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo” si “fuere resultado de una violación”, cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona.
Con información de Télam