Mattia Panza
Este domingo la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires ordenó habilitar mañana las clases presenciales en la Ciudad, en detrimento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que publicó el gobierno nacional el último viernes.
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Los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli votaron de manera unánime en contra de la decisión de Alberto Fernández de ir en contra de la presencialidad pese a la complicación del escenario sanitario por el creciente número de contagios de coronavirus.
“Que el Gobierno de la Ciudad presente un informe durante el viernes próximo sobre la evolución de la situación epidemiológica”, solicitaron los jueves.
El juez López Alfonsín agregó que “atento las cuestiones debatidas en autos y la relevancia institucional que la presente decisión reviste, corresponde que la misma sea notificada al Estado Nacional”
Este domingo por la mañana, dos abogados recusaron a la camarista porteña Nieves Macchiavelli, que debe entender en un recurso que pide clases presenciales, porque es hermana de un funcionario del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Los abogados Adrián Albor y María Cecilia Fernández dijeron en la presentación que hicieron en nombre de sus hijos que la jueza “Macchiavelli es hermana del principal armador político de Rodríguez Larreta, Eduardo Macchiavelli funcionario del GCBA y secretario general del partido al que pertenece el alcalde porteño”.
Macchiavelli es secretario de Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Esta parte posee un fundado temor de que (la jueza) no pueda decidir con ecuanimidad. Por tal motivo la recusamos para que se aparte del conocimiento de esta causa”, dijeron en la presentación.
Añadieron que “el trámite exprés que se le ha dado a la causa ha dado lugar para pensar que existe una posición dirigida a revocar la decisión de la jueza de grado ‘a como dé lugar’ aunque no existe el derecho para hacerlo”, en referencia la actuación de magistrados de primera instancia.
La prohibición del dictado de clases presenciales alcanzaba a 2.359 unidades educativas que agrupan a una población de 600.000 alumnos. Rodríguez Larreta le pidió a Alberto Fernández en privado lo que ya le había adelantando públicamente: mantener la presencialidad de las clases.