Corresponsalía Buenos Aires
La Justicia dispuso este viernes la citación a indagatoria para el expresidente Mauricio Macri, en la causa que investiga un presunto espionaje a familiares de los marineros que murieron en el ARA San Juan.
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A pesar de que al expresidente se le prohibió salir del país, informó que no alterará su agenda internacional: se encuentra en Estados Unidos y viajará a Qatar antes de regresar a la Argentina.
La decisión de prohibir a Macri viajar al exterior fue tomada por el juez Martín Bava, que se desempeña como subrogante del juzgado federal de Dolores de Alejo Ramos Padilla.
Bava investiga si durante el gobierno de Mauricio Macri se realizaron tareas de espionaje contra familiares de las víctimas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que en aquel entonces comandaban Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
El abogado del expresidente, Pablo Lanusse, expresó que “no se tolerará la utilización del caso con fines electorales ni políticos”. A través de su cuenta de Twitter, el letrado aseguró que se presentará “oportunamente” a declarar y apuntó contra el juez.
En este sentido, destacó la “manifiesta incompetencia del juez Bava para intervenir en esta causa, como la carencia de fundamentación de su resolución, todo lo cual demuestra que esto es un atropello y una persecución más en su contra”.
Macri se enteró del llamado a indagatoria a través de sus abogados cuando se encontraba en el exterior, dado que viajó a los Estados Unidos para presentar su libro “Primer Tiempo” en la Florida International University, de Miami.
Sin embargo, decidió no alterar su agenda: viajará a Qatar en su rol de presidente de la Fundación FIFA para una reunión y luego regresará sí regresará al país.
La ronda de indagatorias había comenzado el jueves 8 de julio con Arribas, exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia. Y continuó unos días después con Majdalani, la entonces segunda de la AFI. El magistrado de Dolores también tomó indagatoria al exdirector operacional de Contrainteligencia de la Agencia, Martín Coste, y a su antecesor en el cargo, Diego Dalmau Pereyra.
Bava –quien actualmente subroga en el cargo al juez Alejo Ramos Padilla- está investigando si la administración de Macri realizó espionaje ilegal a través de la AFI sobre los familiares de los 44 fallecidos en el hundimiento del submarino entre fines de 2016 y fines de 2017.
Esta investigación se inició por una denuncia formulada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó elementos que permitían inferir que durante el gobierno de Macri se había espiado a los familiares de los fallecidos en el submarino.
El expediente se había iniciado en Mar del Plata, con la intervención del fiscal federal Daniel Adler, pero luego pasó Dolores dado que allí también se investigan otras supuestas tareas de inteligencia ilegal realizadas desde las bases que la AFI tiene en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Los procesamientos
En la resolución en la que llama a Macri, el magistrado procesó a Arribas y Majdalani, que acumularon así su cuarto procesamiento por diferentes presuntos delitos cometidos cuando manejaron la central de espionaje del Estado.
Bava también procesó al exdirector de Reunión Interior de la AFI, Eduardo Winkler, y al exjefe de la delegación Mar del Plata de la agenda de inteligencia Nicolás Iuspa Benítez, según se desprende del fallo.
El juez señaló a Arribas, Majdalani, Winkler y Iuspa Benítez como presuntos “responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas”.
Esas maniobras, según escribió el juez, habrían sido realizadas sobre los familiares de las víctimas “por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias”.
Asimismo, el supuesto espionaje ilegal habría sido también por “la actividad lícita que desarrollaban” al reclamar permanentemente que se busque y encuentre el navío siniestrado, lo cual ocurrió el 16 de noviembre de 2018 por parte de la empresa estadounidense Ocean Infinity.
El juez considera que el hecho de que los familiares hayan querido influir en la situación institucional y política del país para que se busque el navío no fue un delito, mientras que sí lo habrían sido las presuntas escuchas para conocer esos movimientos. Allí, dijo Bava, hubo “delito de abuso de autoridad de funcionario público”.
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Las sospechas sobre Macri
Macri se reunió por primera vez con los familiares de los tripulantes del ARA San Juan el 20 de noviembre del 2017, cinco días después de la desaparición del submarino. Antes de la realización de ese encuentro, consideró el juez, hubo maniobras de espionaje ilegal.
De acuerdo con la información que pudo recabar y analizar hasta aquí el juez con las indagatorias y otras medidas de prueba, se sospecha que Arribas y Majdalani ordenaron seguir e identificar a familiares.
Esto, sostuvo el juez, “Majdalani pretendió justificar adjudicando razones de seguridad presidencial”. Y señaló que las maniobras consistieron en “que los agentes de la AFI realizaron un informe” sobre dos mujeres -esposa y hermana de dos de los tripulantes desaparecidos-.
Sobre ellas, la AFI preparó fotografías y datos de identificación. “Y hasta adjuntaron sus perfiles de redes sociales en las que se indicaban cuáles eran sus opiniones sobre algunos funcionarios del entonces Gobierno Nacional y sobre el manejo que estos tenían respecto la desaparición del submarino”, dice el fallo.
Según Bava, “sostener la idea de que puedan hallarse factores de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional en eventos de este tipo, remonta a inaceptables épocas anteriores a la recuperación de la democracia, en las que se efectuaban similares tareas de espionaje político interno, recopilando información de numerosos ciudadanos en base a su militancia sea esta partidaria, gremial, comunitaria, etcétera”.
Para el magistrado, esa producción de inteligencia ilegal no pudo deberse a hechos en los que las autoridades de la AFI pudieron haber “extralimitado” sino a una directiva precisa emanada de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. “Este accionar no puede ser admisible y es deber del Poder Judicial sancionar, no sólo por imperativo legal, sino como garantía de no repetición de estas prácticas aberrantes”, sentenció Bava.
“¿Qué amenaza a la seguridad interior o a la seguridad presidencial puede presuponer dos mujeres en un predio custodiado por diversas fuerzas policiales y/o militares que lo único que querían era tener unos minutos de la atención de la máxima autoridad de la República en aquel entonces? Sostener que en estos hechos tan banales se encuentra en riesgo la seguridad nacional es de una peligrosidad que deja en estado de indefensión a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas del país, debido a que cualquier persona puede ser sospechosa y así justificar la elaboración de un informe y estar dentro de los archivos de la Agencia Federal de Inteligencia”, escribió Bava en su fallo.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.