Juliana Argañaraz
El jueves, Amnistía Internacional manifestó que lamentaba las posturas de los Gobiernos de Argentina y México de no acompañar la resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenando las detenciones contra opositores en Nicaragua.
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“AI lamenta el reciente comunicado conjunto de los Gobiernos de Argentina y México donde señalan que, pese a rechazar las detenciones realizadas por las autoridades nicaragüenses en los últimos días, no acompañaron la resolución del Consejo Permanente de la OEA condenando las detenciones y solicitando la inmediata liberación de las personas detenidas por ejercer sus derechos”, indicó la ONG en un comunicado.
El martes, los dos gobiernos latinoamericanos manifestaron “preocupación” por la “detención de figuras políticas de la oposición” en Nicaragua, pero no estuvieron de acuerdo con intervenir en asuntos internos de ese país, por lo que decidieron no apoyar una resolución debatida en el Consejo Permanente de la OEA.
“El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”, dijo en un boletín Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Guevara Rosas calificó como “inaceptable que los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México decidan no acompañar a las numerosas víctimas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, que comenzó hace “tres años”.
Desde 2018 hasta mayo del 2021, explicó AI, más de 100 personas continuaban detenidas “solo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la reunión pacífica”.
“Durante las últimas semanas la lista ha crecido rápidamente. La comunidad internacional ha podido dar cuenta de las recientes detenciones arbitrarias de cuatro aspirantes a la presidencia, nueve figuras públicas de la política nacional, dos extrabajadores de una organización no gubernamental y un empresario”, indicó Amnistía.
La ONG denunció que en algunos casos no hay siquiera órdenes judiciales y se tienen incomunicados a los detenidos y sin condiciones, y alertó de una “estrategia represiva” del Gobierno de Daniel Ortega.
Con información de EFE.