Juliana Argañaraz
Este miércoles queda sin efecto el decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos que estuvo vigente durante gran parte de la pandemia de coronavirus. A la par, esta semana el Gobierno Nacional puso en marcha un protocolo para asistir a las familias con problemas habitacionales.
Así, desde el jueves 1 de abril los contratos podrán actualizarse y quienes tengan deuda acumulada deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas o enfrentar juicios de desalojo.
Previo a esto, el Gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.
Asistencia a quienes estén en “situación de desalojo”
Además, esta semana se creó el Protocolo de Riesgo Temprano de Desalojo, con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.
A través de la Resolución 88/2021, se instruyó la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.
Por un lado se recabará información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que congelaron los valores de los alquileres y prohibieron los desalojos.
Y por el otro, se arbitrarán los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.
Para ello, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
Con información de Télam.