Argentina se encamina a tener un nuevo sistema único de talles para que encontrar ropa y calzado adecuados a los cuerpos reales no siga siendo una quimera. Si bien la iniciativa cuenta con media sanción en el Senado y ya ingresó en Diputados, tendrá que sortear una serie de obstáculos para convertirse en ley y que los consumidores puedan ver los cambios en las vidrieras de los comercios.
El proyecto de ley de talles fue aprobado el pasado 20 de marzo por los senadores con 51 votos afirmativos y 0 negativos. Sin embargo, en Diputados deberá pasar por cuatro comisiones a las que fue girado -Defensa del consumidor, del usuario y de la competencia, Industria, Comercio y Legislación General- para luego ser discutido en el recinto. De aprobarse la ley, será el Poder Ejecutivo nacional quien la reglamente, en un plazo de 180 días desde su promulgación, según especifica en el artículo 12° el texto.
La senadora rionegrina Magdalena Odarda, una de las autoras del proyecto, afirma que la ley de talles responde a un "reclamo social" que lleva varios años sin que el Congreso pueda dar tratamiento definitivo. "Es muy importante porque es una ley de inclusión -sentencia Odarda-. El hecho de no poder entrar en los estereotipos que impone muchas veces el consumismo daña directamente la salud de las personas".
“Hay mucha gente sufriendo a costas de alguien que se llena los bolsillos y la industria textil no puede hacer oídos sordos, debe darse cuenta de la responsabilidad que tiene, la ropa no es solo un pedazo de tela y deben hacerse cargo de lo que generan”, @_BrendaMato #LeyDeTalles
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) April 21, 2019
Según una encuesta anual que realiza desde el 2012 la organización social AnyBody Argentina, que trabaja por la diversidad corporal y promueve la sanción de una ley nacional de talles, de 8.565 personas, de entre 11 y 88 años, el 69,55% afirmó que tiene dificultades para conseguir ropa de su talle en 2018, dato que se sostiene a lo largo de los años.
En la actualidad, en base a datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), existen 12 leyes sancionadas y promulgadas por gobiernos provinciales y municipales.
"Tenemos muchas provincias que han legislado al respecto, como Río Negro, que sentaron precedente pero lamentablemente no se pudieron aplicar esperando la sanción de una ley nacional", sostiene Odarda y agrega: "Tenemos mucha expectativa que la cámara de Diputados lo trate rápidamente, que haya voluntad política como hubo en el Senado y podamos tener la ley de talles cuanto antes".
En este sentido, los diputados nacionales Ignacio de Mendiguren y Marcela Passo, presidentes de las comisiones de Industria y Defensa del Consumidor respectivamente manifestaron a este medio que el proyecto es "razonable" y que existe "voluntad política" para hacer un plenario de comisiones y sacar un dictamen en conjunto para luego discutir la propuesta en el recinto "lo antes posible".
"Si bien no es el reclamo número uno del país lamentable por la situación económica que vivimos, cuando uno aborda el tema se da cuenta que es una necesidad latente en la gente, que incluye a todos, hombres, mujeres y niños", dice Passo.
Normalización de talles sí, curva para todos los productos no
Desde la CIAI manifestaron a este medio que apoyan el proyecto de ley que salió del Senado y ven viable su aplicación. "Es una ley de normalización de talles, es decir, que va a permitir que cuando uno vaya a comprar, por ejemplo, un vestido o una blusa y pida un talle 46, sea el mismo 46 en todas las marcas. Va a normalizar los tamaños y se va a evitar así el hecho de cambiar el talle como argumento de venta", explica Alicia Hernández, gerente general de la Cámara.
Sin embargo, Hernández aclara que la iniciativa "no es algo que impulse la industria para ordenarse" sino que responde a "un reclamo de los consumidores". "Las empresas van a tener que adecuarse, los consumidores son el motivo de su existencia. Lo bueno es que esta ley permite a las empresas tener la libertad de elegir los segmentos de consumidores a los que quieran abastecer", dice Hernández.
Como ex director de la Unión Industrial Argentina, De Mendiguren afirma que "de aprobarse así como está el proyecto" el sector "puede garantizar el cumplimiento de la ley". "Hemos logrado un equilibrio entre lo que está reclamando la sociedad a la política y las posibilidades que tiene esta industria que está realmente bastante afectada hoy por la crisis", sostiene el diputado.
En este sentido, Hernández aclara que la idea de que todos los artículos se brinden al público en toda la curva de talles "no se podría sostener desde un punto vista comercial" y que "podría impactar en los costos de las prendas".
“Esta ley tiene como novedoso el objetivo de tener una tabla de talles reales para los cuerpos argentinos. Cuerpos reales que nadie conoce hoy por eso el INTI está a cargo de un estudio antropométrico nacional muy importante”, explica @_BrendaMato sobre #LeyDeTalles
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"Las empresas tendrían un stock no vendido y esto repercutirá totalmente en el costo de las prendas. En la medida en que hagamos algo adecuado en el marco de esta ley no deberían cambiar los precios", sostiene la gerenta de CIAI.
En tanto Sharon Haywood, directora de AnyBody Argentina afirma: "Nosotros sí pensamos que es rentable tener un amplio rango de talles ya que marcas locales que colaboran con nosotros y que ampliaron su rango de talles, lograron incrementar las ventas".
Sin embargo, Haywood aclara que es importante que el proyecto salga para contar con un sistema de talles acorde a los resultados del estudio antropométrico. "En un mundo ideal sería justamente ideal tener un rango de 8 talles en todas las prendas, sobre todo en los jeans, ya que es la más difícil de encontrar según los resultados de nuestra encuesta anual; ahora si estamos hablando de camperas quizás 8 talles no sean necesarios".
Y concluye: "Apoyamos un amplio rango talles que tenga sentido para la prenda. No queremos que la industria se funda. Además, entendemos que las empresas van a necesitar ayuda económica al principio, por eso apoyamos que la reglamentación sea haga en dos años".