El Gobierno de Jair Bolsonaro logró anular en la Justicia una medida cautelar que impedía conmemorar en los cuarteles militares los 55 años del golpe de Estado de 1964, que abrió paso a un régimen dictatorial que se prolongó durante 21 años.
La celebración de esa fecha había sido prohibida por un tribunal de Brasilia pero este sábado la Abogacía General, que representa al Estado ante la Justicia, informó que otro juzgado anuló esa decisión, que había sido tomada en forma cautelar.
A 34 años de la restauración de la democracia, esta es la primera vez que la fecha se recuerda con un militar en el poder.
El actual presidente de Brasil es capitán de la reserva del Ejército y, desde que comenzó su campaña política, ha enaltecido la época de gobiernos militares, sobre la cual niega que haya sido una dictadura, más allá de la falta de llamado a elecciones, los muertos y desaparecidos y los testimonios de personas que fueron perseguidas, torturadas o forzadas al exilio.
Según informó Télam, el vocero de la Presidencia, general Otavio Rego Barros, anunció en la semana que Bolsonaro había ordenado "las conmemoraciones debidas en relación al 31 de marzo de 1964", aunque el propio jefe de Estado, luego, aclaró que se trataba de "rememorar" y no "conmemorar".
Los actos en las Fuerzas Armadas empezaron el viernes, cuando en varios cuarteles se leyó un documento en el cual no se califica al derrocamiento del entonces presidente Joao Goulart como un golpe de estado ni al período que se inició como una dictadura.
Según ese documento, que fue distribuido por el Ministerio de Defensa, "el 31 de marzo estaba incluido en el ambiente de la Guerra Fría" y las Fuerzas Armadas, "atendiendo el clamor de la amplia mayoría de la población y de la prensa, asumieron un papel de estabilización" en medio de una "convulsionada" coyuntura política.
Este hecho generó el repudio de grupos de defensa de los derechos humanos y llevó al Colegio de Abogados de Brasil a presentar una demanda contra el Gobierno ante organismos de las Naciones Unidas.
Según los abogados que presentaron la demanda junto al Instituto Vladimir Herzog, "se espera que las Naciones Unidas se manifiesten públicamente sobre la importancia del derecho a la memoria y a la verdad" y "sobre la necesidad de mantener vivo el recuerdo de las atrocidades cometidas durante el régimen militar".
Este viernes, la jueza Maria do Carmo Cardoso, del Tribunal Federal Regional I, de la segunda instancia, dijo haber constatado que "la nota divulgada por el ministerio de Defensa, ampliamente divulgada por la prensa, no trae ninguna connotación o afronta al estado democrático de derecho", informaron la estatal agencia ABR, Ansa y EFE.
También este viernes, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil, Jurema Werneck, juzgó de "preocupante que las autoridades de un país sugieran celebrar" el inicio de un período marcado por persecuciones políticas, represión y restricción a la liberad de expresión y de prensa. Además, el relator especial sobre la Promoción de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de la ONU, Fabián Salvoli, le pidió a Bolsonaro "reconsiderar" la medida.
En San Pablo, un colectivo de artistas reclamó este sábado frente a la sede del DOI-CODI, el centro de la policía política, que el lugar se convierta en un centro de memoria. Para este domingo está prevista una Caminata del Silencio por las víctimas del terrorismo de Estado, en la Plaza de la Paz.