La impronta que el Gobierno de Mauricio Macri le viene poniendo a la política migratoria, con una mayor dureza para los extranjeros que delinquen, hizo que las expulsiones aumenten 200% en tres años de gestión.
Entre enero de 2016 y diciembre de 2018 en la Argentina hubo 649.876 pedidos y otorgamientos de radicación de extranjeros que llegaron al país.
En el mismo período unas 1.432 personas fueron expulsadas por haber cometido delitos, es decir, un 0,22% del equivalente a los que se radicaron en territorio nacional. Hubo 234 casos en 2016; 495 en 2017 y 703 en el 2018.
El 22 de enero pasado un motochorro colombiano identificado como Jair Stevens Jurado Mora de 24 años fue dejado en libertad luego de 48 horas y con una multa de 700 pesos por haber robado un celular en el barrio porteño de Almagro.
Actualmente tiene una orden de expulsión, sin embargo las autoridades deberán volver a detenerlo para realizar la extradición justamente porque fue dejado en libertad a pesar de la comprobación del delito.
En la DNM aseguran que se trataría de un "caso particular", pero aclaran que existen un centenar de extranjeros en esta situación y serán expulsados por Migraciones cuanto alguna fuerza de seguridad los detenga.
Así lo informaron a Vía País fuentes de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), quienes explicaron las causas y procedimientos que se vienen llevando adelante en el país.
El trámite burocrático para la deportación es bastante simple para Migraciones, dado que los funcionarios responsables sólo deben esperar que el juzgado correspondiente a una causa autorice el procedimiento.
La Dirección Nacional de Migraciones dicta las expulsiones en todo el territorio nacional, pero el arresto, la retención y expulsión depende de las fuerzas de seguridad y la Justicia.
El proceso
A partir de que llega la conformidad del juez para sacar al acusado al que se le comprobó un delito, la orden de expulsión demanda de unas dos semanas de trámites. La complejidad del proceso material depende a partir de allí de la situación en la que se encuentre el acusado.
En ese tiempo, Migraciones trabaja con el servicio penitenciario jurisdiccional para garantizar el traslado del detenido mientras el consulado documenta el caso y se tramitan los pasajes en una aerolínea.
Mientras tanto, se coordina con la fuerza de seguridad correspondiente en el país de origen del expulsado para la entrega a las autoridades.
Todo se complica cuando el delincuente extranjero está en libertad o prófugo. Ahí se activa un protocolo en coordinación con las fuerzas de seguridad de todo el país para la aprehensión.
Una vez la persona es detenida y dispuesta para su deportación la condena continuará en su país de origen, sólo si la Argentina tiene un convenio o acuerdo de extradición.
"Si hay convenio, se extradita a la persona y cumple la pena en su país de origen. Si se trata de una simple expulsión, el delincuente sale de la Argentina con custodia pero apenas se encuentra en suelo de origen queda en libertad", precisó Puente Rosa.
Al momento que el extranjero es expulsado, Migraciones dicta una medida provisoria con prohibición de reingreso al país que será temporaria o permanente dependiendo de la gravedad del hecho.