Esteban Gaitan
La Cámara de Diputados abrirá este martes el período de sesiones con el debate del proyecto de ley anti barras, con el fin de aumentar las penas para los que delinquen en los estadios del fútbol argentino y sus alrededores.
Tras pasar por el recinto en diciembre pasado, volverá a tratarse en la Cámara baja. Se trata de un proyecto que es prioridad para el oficialismo, por lo que buscará que se emita dictamen para tratarlo en la primera sesión del año y penalizar la actividad delictiva en espectáculos deportivos.
El proyecto de la ley anti barras fue reflotado por el presidente Mauricio Macri luego de los hechos de violencia registrados en las inmediaciones del estadio de River, en la previa del Superclásico ante Boca por la final de la Copa Libertadores 2018.
"Hace dos años y medio que los ministros presentaron una ley contra los barra bravas. Esto va a ayudar a que ningún fiscal ni juez se equivoque en cómo tipificar este tipo de delitos. Y esto es para que podamos apoyar a nuestras fuerzas de seguridad cuando actúen. Porque si no las apoyamos, después no no quejemos cuando actúen. Espero que lo podamos aprobar", había manifestado Macri en diciembre.
En el caso de no prosperar con el proyecto, desde Cambiemos planean convocar nuevamente a los diputados para el próximo jueves 21 de marzo.
Desde el oficialismo ya difundieron un borrador que incluye propuestas de la oposición al respecto -a partir de lo planteado en la sesión de diciembre- para lograr consenso en el plenario de las comisiones de Legislación Penal y evitar objeciones.
"Tenemos que cerrar las puertas a las organizaciones mafiosas que utilizan el fútbol y se retroalimentan de hechos ilícitos. Nosotros queremos salvar al fútbol y proteger a las comisiones directivas de los clubes que son amenazadas por estos grupos"; afirmó la diputada Gabriela Burgos en declaraciones a Télam.
La cuestión en torno a las penas que se aplicarán fue lo que generó mayor debate. Según el borrador impulsado por Cambiemos, aquellos que distribuyan, vendan y confeccionen entradas falsas tendrán una pena a prisión de seis meses a dos años.
Mientras que en el caso de los "trapitos", las penas van de un mes a dos años, aunque si esa actividad está implementada a partir de una suma fija o variable de dinero, las penas alcanzan hasta los cinco años de prisión.
En tanto, a los miembros de las comisiones directivas de los clubes que no puedan justificar la procedencia de sus fondos tras asumir su cargo y hasta dos años después de haber dejado su función, les caerá una pena de uno a cuatro años de prisión.