Leandro Boyer
Marcelo D'Alessio fue trasladado esta mañana a los tribunales federales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en el marco de una causa conocida como la "mafia de los contenedores", en la que se lo acusa de extorsionar a un despachante de aduanas.
Este caso quedó en el juzgado de Luis Rodríguez, a quien se le imputa haber cobrado 10 millones de dólares para proteger a Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor Kirchner durante su gobierno, en una causa que se tramitaba en su juzgado.
En este expediente se lo señala a D'Alessio como el responsable de extorsionar al despachante Gabriel Traficante, uno de los imputados en la causa. Según la denuncia de Traficante, D'Alessio se comunicó con él y le ofreció sus servicios para interceder ante el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien lleva adelante la investigación.
Aunque aún no fueron corroborados por la Justicia, los planteos de Traficante sobre el accionar de D’Alessio se asemejan a los que realizó el productor agropecuario Pedro Etchebest ante el juez de Dolores Alejo Padilla Ramos.
Etchebest denunció que D’Alessio se presentó como un intermediario del fiscal Carlos Stornelli y le reclamó el pago de hasta 500 mil dólares para evitar involucrarlo en la causa conocida como los cuadernos de la corrupción.
Finalmente, Ramos Padilla ordenó la detención de D'Alessio, quien se encuentra privado de su libertad desde el pasado 15 de febrero.
La "mafia de los contenedores"
El juez Aguinsky procesó en diciembre pasado a 53 personas físicas y jurídicas, entre ellas varios guardas e inspectores de la Aduana, por conformar una asociación ilícita que realizó numerosas y multimillonarias operaciones de contrabando.
Las medidas fueron dictadas sin prisión preventiva, pero con un embargo total que no registra precedentes en la justicia: más de $ 131.000.000.000.
En el expediente 529/2016, desprendimiento de la causa conocida como la de “La mafia de los contenedores”, Aguinsky ordenó decenas de citaciones a declaraciones indagatorias a empresarios, despachantes y funcionarios de la Dirección General de Aduanas (DGA), audiencias que están previstas desde febrero a agosto de 2019.
Aguinsky prefirió separar la pesquisa para evitar que, como afirma el magistrado, la tramitación de una “megacausa” por su complejidad “sólo sirva para esconder el fracaso de una investigación”.
En tal sentido, fuentes allegadas a la causa mencionaron la importancia de avanzar en el proceso “con la máxima celeridad”, teniendo en cuenta que la mercadería incautada ocupa lugar en depósitos fiscales y que, como ya hizo en otra ocasión, “podría ser destinada a donaciones”.
En este legajo se investiga el contrabando de mercadería en más de medio millar de contenedores, que habría tenido como protagonistas a “los hermanos Palonatonio”: Miguel Fernando, Diego Raúl y Alejandro César, quienes recibieron embargos por más de $ 7.000.000.000 en cada caso.
Al menos en 571 operaciones realizadas entre 2014 y 2016, "no se habrían declarado más de 7.866.029 kilogramos de mercadería", según se informó.
Se utilizaban sociedades ficticias o sin capacidad económica, integradas por socios de bajos recursos económicos y pertenecientes al mismo entorno familiar, con el fin de mantener oculto al verdadero dueño.
Muchos de esos socios son beneficiarios de planes de ayuda social de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), que eran reclutados por otros presuntos miembros de la asociación ilícita.
“La prueba reunida ha permitido determinar la presentación ante el servicio aduanero de diversa documentación falsa necesaria para simular quién era el real importador, como así también para respaldar la supuesta mercadería que se afirmaba tenían los contenedores”, expuso Aguinsky en su resolución de 736 carillas.
“Lo determinante para la punición del delito de contrabando es que se tienda a frustrar el adecuado ejercicio de las facultades legales de las aduanas”, agregó.