Mauricio Macri instauró por decreto la extinción de dominio, acción que le permite a la Justicia disponer para el Estado la recuperación de dinero y propiedades adquiridas por corruptos y narcotraficantes. Laura Alonso defendió la decisión presidencial porque, a su criterio, un grupo de diputados y senadores se dedicó a trabar la ley en el Congreso.
Al respecto señaló que la propia Cristina Kirchner votó a favor del proyecto del peronismo en el Senado justamente porque sabía que con esa iniciativa era imposible que le quitaran sus bienes supuestamente mal habidos.
En una entrevista que le concedió a Vía País, la jefa de la Oficina Anticorrupción (OA) anticipó que en marzo el Presidente presentará el Plan Nacional Anticorrupción, con 150 iniciativas destinadas a combatir maniobras fraudulentas, y mandará finalmente al Congreso la nueva ley de Ética Pública.
—¿La OA pedirá la extinción de dominio contra bienes de Cristina?
—Estamos estudiando qué bienes son pasibles de recupero en muchas causas de corrupción pero no solamente de la expresidenta sino de muchos exfuncionarios, del menemismo inclusive, que todavía están bajo investigación. Nosotros, por ejemplo, en embargos ya dictados por la Justicia entre 2017 y 2018 solamente en 10 causas de corrupción de la era kirchnerista tenemos calculados 270 mil millones de pesos. Es decir que hay mucho dinero en juego para ser recuperado. Y tenemos muchas otras causas en las cuales querellamos.
—No son pocos los juristas y legisladores, algunos de Cambiemos, que sostienen que la extinción de dominio tal como la establece el DNU presidencial es inconstitucional y advierten que el Estado podría tener que pagar sumas millonarias en indemnizaciones...
—Hay un poquito de desinformación. Por ejemplo, en Estados Unidos, te pueden sacar activos por evasión. No solamente por crimen organizado o corrupción, sino por no haber pagado impuestos correctamente te pueden sacar tu casa. Y ellos tienen previsto un fondo para casos en que la toma de un bien sin condena penal quizás no es la correcta. En tal caso, se devuelve el dinero equivalente. La extinción de dominio es un mandato de las convenciones contra la corrupción a nivel internacional, que piden que estados adecúen sus mecanismos legales para el recupero de activos. Los procesos penales son muy largos, en muchos países nunca terminan y, por eso, los corruptos y los narcos siguen disfrutando de sus bienes y siguen siendo sus dueños. La respuesta global frente a esto es separar el proceso penal de la acción civil. Es lo que establece este decreto, que nosotros vamos a defender.
—¿Por qué el Presidente mandó un DNU en vez de que esto salga por ley?
—Hace tres años una parte del Congreso decidió trabar esta discusión, que empezó con los bolsos de López. Impusieron un montón de tecnicismos con el fin de no aprobarla. La ley de extinción de dominio que quería sacar el Senado ataba esta acción al proceso penal, con lo cual ningún bien podía ser sujeto de recuperación. Ninguno de los corruptos, ni Cristina, ni De Vido, ni Echegaray, perdería un solo peso si ese proyecto del Senado quedaba vigente. Ese proyecto lo votó el bloque del Frente para la Victoria. Cristina lo votó porque estaba segura de que no iba a generarle ningún perjuicio a todo el botín que se llevó de robarles a los argentinos ella y su marido durante 12 años sistemáticamente. Montaron una asociación ilícita para saquear al Estado. El primer juicio por corrupción contra la expresidenta empieza en febrero. Y este año y el próximo habrá otros más. Esta discusión del decreto del Presidente debe servir para distinguir a quienes quieren recuperar la plata de la corrupción y el narcotráfico de los que no quieren.
—Curiosamente el primer pedido de extinción de dominio ante la Justicia lo hicieron dos diputados de La Cámpora (Rodolfo Tailhade y Martín Doñate) contra un hermano del Presidente, Gianfranco Macri, por la causa de Parques Eólicos...
—No, bueno, es una chicana. De La Cámpora no se puede tomar nada en serio. Son chavistas, maduristas, te imaginarás que son básicamente un grupo de personas enajenadas de la realidad que no tienen ningún apoyo social ni ninguna razón en cualquier demanda que puedan hacer. Son un chiste de mal gusto.
—¿Hay realmente una diferencia con el gobierno anterior? Porque en este gobierno también hubo casos de corrupción.
—Es absoluta la diferencia. A la Argentina la estaban por echar del Grupo Antisoborno de la OCDE cuando nosotros llegamos. Hubiera sido una sanción altísima contra el país. Empezamos a trabajar para revertirlo. Hicimos un montón de reformas y cambios, que todavía siguen, porque en junio tendremos una nueva evaluación, para ver cómo avanzamos. En todos los gobiernos hay corrupción, porque la corrupción es una enfermedad en la Argentina, es un cáncer desde hace muchísimos años, pero lo que sí ha hecho este gobierno, que no lo hizo ninguno anterior, es ponerse al frente de la lucha contra la corrupción. Es un gobierno republicano, que respeta la división de poderes, que no ha interferido en la investigación judicial sobre nadie, ni de los funcionarios anteriores ni de los actuales.
—¿A qué atribuye que a su gobierno le haya ido tan mal en lo económico y así y todo quizás logre la reelección?
—Este un proceso histórico que la gran mayoría de los argentinos inició. No pasa solo por el bolsillo, sino por vivir en un país donde se respete a cada persona. En los años anteriores gran parte de los argentinos no solamente sentimos que nos robaron y que la ley no se respetaba, sino que también se vulneraban nuestras libertades.