El Gobierno nacional envió en las últimas horas al Congreso de la Nación el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilitó la extinción de dominio en causas de corrupción, de narcotráfico, de trata de personas y de otros delitos graves.
Fuentes oficiales confirmaron a Vía País que el ministro de Justicia, Germán Garavano, ya puso el texto a disposición del Poder Legislativo, donde deberá ser analizado por los integrantes de la Comisión Bicameral.
La decisión de la Casa Rosada se produjo ante las crecientes críticas que surgieron tanto de la oposición como de la mayoría de los especialistas en derecho constitucional, quienes denunciaron que la normativa que puso en vigencia el presidente Mauricio Macri esta semana viola lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Nacional.
Garavano firmó el expediente electrónico para enviar el texto oficial al Parlamento, antes de inaugurar un nuevo centro de monitoreo de tobilleras electrónicas con alcance nacional, para personas con arresto domiciliario u otras modalidades de detención.
Al respecto, el nuevo espacio, que funciona en la sede Costanera Sur del Ministerio cuenta con un equipo de 35 psicólogos y trabajadores sociales abocados a la integración social de los detenidos. Además lo integran 12 operadores, un departamento jurídico y otro especializado en estadísticas e informes.
Con información de la Corresponsalía Buenos Aires.