Los procesamientos con prisión preventiva en la causa por los cuadernos de las coimas de la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Julio De Vido y otros exfuncionarios como Roberto Baratta (estos dos últimos detenidos) serán revisados por la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.
También pasará lo mismo en el caso del empresario detenido Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, luego de que la Cámara Federal porteña concediera los recursos de apelación de las defensas.
El máximo tribunal penal del país revisará así las prisiones preventivas ratificadas por los camaristas Leopoldo Brugliay Pablo Bertuzzi en la resolución donde confirmaron los procesamientos en diciembre último.
Durante la feria judicial de enero, están a cargo del tribunal jueces en una sala de feria, por lo que habrá que ver si se habilita el receso para tratar los pedidos o se aguarda a febrero, cuando retornen a sus puestos los jueces de la sala I que intervienen en la causa, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa.
Dos de esos jueces, Petrone y Figueroa, actuarán como jueces de feria la segunda quincena de enero en los tribunales federales de Retiro junto a sus colegas de otras salas, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani.
Las apelaciones fueron presentadas por los detenidos en la causa cuyos procesamientos con preventiva dictados por el juez federal Claudio Bonadio quedaron confirmados en la sala I de la Cámara Federal, el tribunal intermedio de apelaciones.
Se trata de Cristina Kirchner, quien permanece libre porque tiene fueros parlamentarios como senadora nacional, De Vido, Baratta y los exfuncionarios Nélson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Oscar Thomas, además del empresario Ferreyra, todos acusados como presuntos miembros de asociación ilícita y cohecho.
Casación también revisará la situación de un grupo de empresarios que se acogieron a la ley del arrepentido y que tenían falta de mérito por parte de Bonadio en una decisión revocada por la Cámara Federal, que los procesó por cohecho aunque sin ordenar su prisión, como Héctor Sánchez Caballero de la empresa IECSA, Héctor Zabaleta de Techint y Francisco Valenti, de Pescarmona.