Horacio Serafini
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le dio un respiro al gobierno argentino al decidir este lunes pedirle opinión a la administración de Donald Trump acerca de la demanda abierta por un fondo buitre contra la expropiación de YPF en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión del máximo tribunal estadounidense en una causa que podría costarle al Estado argentino hasta 3 mil millones de dólares consiste en pedirle opinión al “solicitor general” o su procurador, e incluso al Departamento de Estado o al mismo Trump.
La opinión que requiere la Corte no es sobre la cuestión de fondo que ya tuvo dos fallos favorables en tribunales inferiores estadounidenses sino acerca de si la jurisdicción para tramitar al demanda es la justicia de Estados Unidos o la de Argentina, como lo sostiene el procurador general de nuestro país, Bernardo Saravia Frías.
Si bien la última palabra la tendrán los jueces estadounidenses, el hecho de que la Corte pidió opinión a Washington en vez de pronunciarse sin más sobre la jurisdicción es una señal política que valoró el Gobierno de Mauricio Macri dada la relación con Trump. También porque como "amigos" de Argentina se presentaron en su momento los gobiernos de Chile y de México.
Una vez que reciba la opinión del gobierno de Washington, la Corte deberá pronunciarse acerca de en qué jurisdicción debe tramitarse, aunque para hacerlo no tiene un plazo, aunque se estima que será dentro de dos o tres meses.
La demanda fue presentada hace seis años por el estudio Burford Capital en representación de ex accionistas minoritarios de YPF después de que la empresa fue expropiada por el gobierno de Fernández de Kirchner con el pago de 5 mil millones de dólares a la accionista mayoritaria, la española Repsol. Burford compró los derechos para hacer juicio de algunas de las empresas que también eran accionistas pqero qiue no habían sido resarcidas por la restatización.
El argumento central de los demandantes es que la restatización de YPF violó las leyes de oferta pública en Estados Unidos. Argentina, en cambio, sostiene que fue una decisión soberana por lo que debe tramitarse en el país o ante el Ciadi, el tribunal mundial de resolución de controversias comerciales.