"No entiendo, en nombre de todos los argentinos. No en-tien-do". Con estas palabras, el presidente Mauricio Macri les echó a los barrabravas toda la culpa por la suspensión de la segunda final River-Boca por la copa Libertadores, y anunció que incluirá en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto de ley para endurecer y crear penas contra los violentos, específicamente en espectáculos futbolísticos.
En una conferencia de prensa que brindó junto con los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, el mandatario rompió el silencio tras un fin de semana en que la Argentina fue noticia mundial.
Según pudo averiguar VíaPaís, el Presidente convocará por decreto a sesiones extraordinarias e incluirá en su termario, entre otros asuntos, el denominado Régimen Penal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos.
Recordó que con su firma y las de Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el proyecto ya había sido enviado al Senado en agosto de 2016. Pero nunca se trató, como consecuencia de lo cual perdió estado parlamentario. Por eso ahora lo mandarán de nuevo, pero entrará por Diputados, dijeron fuentes parlamentarias.
Detalles
La iniciativa determina que el Estado será el que maneje el derecho de admisión y no los clubes.
El ámbito de aplicación de la norma no es solamente el club de fútbol, su estadio o sus predios, sino también la concurrencia pública antes, durante y después de realizarse el espectáculo, además de los entrenamientos.
Según el artículo 16° de la propuesta del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad "podrá prohibir la concurrencia a espectáculos futbolísticos a toda persona cuando por razonables pautas objetivas y debidamente fundadas considere que pueda generar un riesgo para la seguridad pública", y que en tal caso estas personas "no podrán acercarse a las inmediaciones del estadio".
El proyecto, además, tipifica como nuevo delito la reventa de entradas, por entre un mes y un año de prisión, siendo doble la pena para quienes lo hagan en las inmediaciones del estadio y por entre seis meses y hasta dos años cuando de esa transacción ilegal participare un organizador, protagonista o integrante de una barrabrava.
En cuanto a las entradas, se proyecta una pena de hasta tres años para quienes las emitan, las vendan y/o las distribuyan a violentos o grupos de violentos.
En el caso entradas falsas, la condena máxima asciende a 8 años.
También se introducen como delito la violación del derecho de admisión, que además puede derivar en la clausura del estadio por permitir el ingreso de violentos, lo que hoy por hoy es moneda corriente en los estadios del fútbol.
Al respecto, el proyecto establece una pena de hasta dos años de prisión para quien facilite el ingreso a la cancha de un barrabrava sin la debida acreditación.
La propuesta también establece una pena por hasta cuatro años de prisión para los cuidacoches, o "trapitos", cuando exijan dinero por cuidar autos en las inmediaciones del estadio.
Macri dijo que espera que, finalmente, el Congreso Nacional, "frente a este bochorno" aborde los proyectos pendientes que apuntan a terminar con la violencia en el fútbol.
Pichetto le baja el tono
Horas después de que Macri se quejara porque el Senado nunca debatió el proyecto, el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, relativizó el impacto de la propuesta al señalar que "es un tema que tiene que ver con la seguridad interior, con las organizaciones delictivas y con la ineficacia policial", porque "no es un tema de buena conducta en las canchas".
"Si le quieren echar la culpa al Congreso, háganlo, pero el problema es mucho más complejo. Destruimos a la Policía Federal para crear una Policía de menor cuantía… Si gana la Argentina narco, estamos liquidados como sociedad, transitando un largo desfiladero hacia la decadencia", dijo el senador por Río Negro a la prensa acreditada.