Horacio Serafini
El presidente Mauricio Macri almorzó este martes en la Casa Rosada con las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco en lo que oficialmente se presentó como un encuentro institucional.
"Se trató de una invitación que formulamos con el Presidente ni bien asumieron las nuevas autoridades en lo que fue el primer recambio en la Corte durante esta gestión gubernamental. Parecía correcto hacerlo en el marco del diálogo entre los distintos poderes. Se trató de una reunión protocolar", dijo a Vía País el ministro de Justicia, Germán Garavano. El almuerzo duró poco más de una hora.
Garavano participó también del almuerzo (alcauciles con puré, risotto con salsa de hongos y fruta fileteada) junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña. Después habló tras acompañar al presidente y a la vice de la Corte hasta el automóvil que los esperaba en la explanada sobre la calle Rivadavia.
Si bien reconoció que la invitación inicial fue para los cinco miembros de la Corte, Garavano le restó importancia a la ausencia de los otros tres, precisamente los menos identificados con el gobierno de Cambiemos: Ricardo Lorenzetti, sorpresivamente desplazado de la presidencia hace poco más de un mes; Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
La decisión de no asistir que adoptaron estos tres (Rosatti “coqueteó” hasta último momento con asistir) se habría debido al trascendido de que a la mesa del Salón Comedor presidencial del primer piso de la Rosada también asistirían los máximos “operadores” macristas en el Poder Judicial: Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y José Torello. Finalmente estos no fueron invitados, pero la decisión del trío de la Corte ya había sido tomada en desacuerdo con aquellas probables presencias.
También incidió el hecho de la pelea interna al interior del máximo órgano del Judicial. El intempestivo despido de Lorenzetti aún tiene remezones, que se manifestaron, por caso, en su choque verbal con Rozenkrantz el mismo día de la jornada judicial del Grupo de los 20 a mediados de octubre. En esa pelea, Rosatti se ha convertido en la figura casi decisiva.
La presencia del presidente y la vice de la Corte sin los demás integrantes los deja expuestos como los ministros “afines” al Gobierno que dilatan fallos que podrían complicar el ajuste en marcha impuesto por el Gobierno para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Más que Lorenzetti, él es el problema", admitió a Vía Pías una alta fuente gubernamental. Es que quien fue poco tiempo ministro de Justicia de Néstor Kirchner hace su juego: votó a favor de Rosenkrantz cuando lo desplazaron a Lorenzetti pero ahora se inclina por el rafaelino.
Sucedió así en las últimas horas, cuando se hizo trascender una acordada de la Corte de 2004, que sustentó la negativa a asistir del trío en cuestión: esa acordada dispuso que cuando una parte que está litigando en la Corte solicita una audiencia, del encuentro debe participar también la contraparte. El Estado Nacional interviene como parte interesada en varios trámites pendientes ante la Corte.
El principal de ellos es el caso el jubilado Lucio Orlando Blanco, sobre el que la Corte tendría que expedirse en breve, quien reclama un ingreso justo como jubilado. La Cámara de la Seguridad Social ya le dio la razón: debería percibir un 31% más de lo que le ofrece la Anses con la polémica Reparación Histórica. Pero el gobierno apeló y faltan las firmas de Rosenkrantz y Highton de Nolasco para destrabar la cuestión.
Al respecto, Garavano dijo que el Gobierno desconoce “que haya fallos trascendentales inminentes” y atribuyó ello a versiones periodísticas.
El caso Blanco puede ser testigo para miles de juicios similares y por eso inquieta al Gobierno. EL jubilado lo inició en 2012 con la expectativa de que se le aplicara una fórmula que la propia Corte había establecido para mejorar los haberes iniciales y que tomó como base el índice conocido como Isbic (Indice de Salarios Básicos en la Industria de la Construcción). La Cámara de la Seguridad Social le dio la razón a Blanco este año, pero la Anses pretende que se utilice otro índice, el Ripte (Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estatales), que es el que fijó como pauta de movilidad cuando el gobierno actual ofreció la llamada “reparación histórica” a cambio no hacer juicio. Según este cálculo, la jubilación es alrededor de 60 por ciento inferior.
El dilema para la Corte es si sostiene su criterio favorable a los jubilados o si admite la postura del gobierno macrista. Especialistas especulan con que al tribunal no le conviene pagar el costo de fallar contra un sector tan vulnerable teniendo en cuenta que la deuda por los juicios previsionales se licúa por la devaluación.
Según Garavano, se habló de “la situación global del país y del esfuerzo presupuestario. También de la situación de la Justicia nacional y provinciales”. Dijo que no hablaron sobre el pago del impuesto a las Ganancias para todos los poderes judicial.