Este lunes, el juez Claudio Bonadio procesó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por, según informó Clarín, "ser jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales". Además, pidió el desafuero de la actual senadora nacional y el caso quedó en manos del Congreso.
Por otra parte, el magistrado también procesó a Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, entre otros exfuncionarios kirchneristas, y otros tantos empresarios.
Según Bonadio, la investigación ya comprobó la existencia de una organización delictiva "conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015".
¿El objetivo? "La percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional", indicó el juez de la causa.
En la causa conocida como "los cuadernos de la corrupción", Bonadio determinó que "durante un lapso cercano a los ocho años ─cuanto menos─, Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (secretario privado de Baratta), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de ENARSA), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno".
Luego, la última parte de la operatoria era "derivar -el dinero- a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido".