José López admitió en la justicia que mantenía reuniones secretas con Lázaro Báez. El empresario iba a la Secretaría de Obras Públicas a reunirse con López pero no se consignaba el ingreso y el egreso, sólo quedaba asentada uno de los dos pasos, según consignó Clarín.
Los horarios en los que se realizaban encuentros eran principalmente por la noche. El objetivo de las reuniones era concretar los pagos por parte de Báez para que le liberen certificados de obras.
El empresario no figura en ninguno de los cuadernos de Oscar Centeno. "Lázaro se manejaba de forma directa con los Kirchner", explicó José López cuando declaró como arrepentido. "Era del entorno de los Kirchner, de su confianza", agregó.
Cada vez que Báez viajaba en su avión privado a Capital Federal, una de sus prioridades era garantizarse el pago de los certificados de obras correspondientes a licitaciones "plagadas de irregularidades". Rutas que no registraban el avance correspondiente y que según especificó una pericia de Vialidad Nacional, tuvieron un sobreprecio del 65%.
Según explicaron José López y Ernesto Clarens, ambos "arrepentidos" en la causa de los cuadernos de la corrupción, el dueño del Grupo Austral encabezaba un listado que era aprobado previamente por Cristina Kirchner y después enviado al organismo vial, con el cual se daba la orden de pagar en carácter de prioritario a un conjunto de empresas. Para acceder a dichos fondos correspondientes a certificaciones de obras, había un condición innegociable, las firmas debían pagar el 10% de cada certificado como un habitual soborno.
Báez se reunió en un par de oportunidades con José López. Algo siempre le disgustó al ex secretario de Obras Públicas, que el empresario K tenía línea directa con Néstor Kirchner y nadie sabía a qué arreglos llegaban. Pero la ecuación cambió tras el fallecimiento del ex Presidente. Entonces no hubo más opción, el dueño de Austral Construcciones tenía que tocar la puerta de López.
Hubo varias reuniones, mayoritariamente de noche y todas en la secretaría de Obras Públicas. Para evitar huellas los registros de visitas quedaron incompletos, según la documentación incorporada a la causa que llevan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli.