El Gobierno nacional pidió este jueves a los ministros de economía provinciales que recorten el gasto público y aseguren una baja de 100.000 millones de pesos para 2019, pero hubo una contrapropuesta para atacar el problema aumentando los ingresos.
Tras una hora y media de reunión en la casa de Salta en Buenos Aires, las partes no se pusieron de acuerdo y pasaron a un cuarto intermedio hasta la semana que viene. Los funcionarios nacionales consultarán con Hacienda y darán una respuesta.
Algo quedó claro: la eliminación del Fondo Federal Solidario (Fofeso) no tiene marcha atrás y se eliminarán los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a los municipios, que venían siendo manejados discrecionalmente tanto por Mauricio Macri como antes por Cristina Kirchner.
Tampoco el Gobierno nacional aceptará suspender por un año la baja de impuestos provinciales como Sellos e Ingresos Brutos contemplada en el Consenso Fiscal firmado en noviembre de 2017.
“Sería una mala señal dar de baja hoy algo firmado hace seis meses”, coincidieron el secretario de Hacienda de la Nación, Rodrigo Pena; Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, y Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con Provincias.
Pena, Caldarelli y Caballero se retiraron de la reunión porque iban a realizar otro encuentro en el Palacio de Hacienda con los ministros de las provincias oficialistas, Mendoza, Jujuy, Corrientes, Buenos Aires y la Capital Federal.
Los funcionarios se reunieron con 18 ministros de economía de provincias opositoras para iniciar formalmente la negociación para que los gobernadores se hagan cargo de un ajuste de 100.000 millones de pesos en 2019, un tercio del recorte total previsto.
“Tenemos que alcanzar un acuerdo para tener Presupuesto y poder llegar a la meta de déficit de 1,3% en 2019 y el equilibrio en 2020. Tenemos que ir por el lado del gasto, que en los últimos 70 años fue la piedra que nos empujó hacia los desequilibrios”, afirmó Caldarelli.
El Gobierno de Mauricio Macri quiere que el ajuste fiscal sea afrontado a través de una fuerte disminución del gasto, pero los gobernadores advierten que no tienen mucho margen en un escenario de recesión económica y con las demandas sociales en alza.
La contrapropuesta de las provincias tiene varios puntos, pero con una idea central: ampliar la base tributaria, con una tarea mancomunada entre la AFIP y las direcciones de rentas locales, sin subirle impuestos a las actividades productivas.
Los ministros provinciales propusieron que la AFIP ajuste los controles sobre el impuesto a los Bienes Personales, dado que muchos contribuyentes subvalúan sus declaraciones; y también ir a la caza de sectores que hoy no tributan el Impuesto a las Ganancias. Básicamente, combatir la elusión y la evasión.
Esto último está relacionado con, por ejemplo, sociedades de fideicomisos del exterior que no pagan impuestos en la Argentina; también se pidió mejorar los controles para las importaciones que provienen de supuestas “zonas francas”, como Uruguay.
Asimismo, los funcionarios provinciales le solicitaron al Gobierno que cumpla el inciso “P” del Consenso Fiscal, que preveía crear organismo federal que determine procedimientos y metodologías de aplicación para la revaluación de los inmuebles, en línea con los valores de mercado.
Otra de las propuestas de las provincias es recortar a cero los subsidios al transporte, que hoy alcanzan los 50.000 millones de pesos y de lo cual el 60% va a la zona metropolitana de Buenos Aires.
El ministro de Economía de Córdoba, Osvaldo Giordano, afirmó que esa propuesta apunta a recortar los subsidios a las empresas y al gasoil, sin afectar lo que el Estado destina al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y tampoco a los trenes metropolitanos.
Giordano y sus pares de Río Negro, Agustín Domingo, y de San Juan, Roberto Gattoni, coincidieron en que no se está tan lejos de alcanzar a un acuerdo para llegar a la cifra de 100.000 millones de pesos, aunque las diferencias están en la forma.