En un año, el espacio Instituto Patria aumentó su alquiler. Por ese motivo, le piden explicaciones ante el incremento y la composición de los más de 1,2 millones de pesos anuales que volcó en sus libros en concepto de alquiler. Algunas de las observaciones destacadas son que falta "documentación respaldatoria, que explique el origen de algunos fondos y cómo se aplicaron otros".
El presidente del lugar, Oscar Parrilli, dijo que las inspecciones de la IGJ son parte de una "persecución política". Sin embargo, se volvió a intimar al Instituto K al considerar que los números que constituyen la memoria balance del ejercicio 2017 "no son claros".
El año pasado, el balance del inmueble fue de 580.800 pesos detallando que la entidad pagaba un alquiler mensual de 60.000 pesos más IVA es decir 72.600 pesos. En función de lo volcado en el actual ejercicio surge un valor de 105.293 pesos, "lo que representa un incremento del 45%", respecto al año anterior.
Ante esta diferencia, se pidió un detalle del alquiler mensual abonado durante 2017 y que se informe “la composición numérica y conceptual” de tal erogación. También se pidió que se detallen los montos abonados de sueldos y cargas sociales
Por otro lado, el balance muestra “grandes eventos” realizados y por dicho concepto sólo se rindieron 32.000 pesos, lo que para la IGJ no se condice con la descripción. Aunque la cuenta “gastos de viajes y pasajes" figura con “saldo cero", el organismo señaló que por la realización de los eventos sociales “se incurrieron en gastos de dicha índole” y se pidió detalles.
Además, se planteó que el búnker K no “consignó cuotas cobradas”, por 44.350 pesos y se detectó una cantidad de bienes y útiles e instalaciones cuyo usufructo fue cedido al Instituto “mediante contratos contratos de comodato a título gratuito". En consecuencia se pidió que se detallen los bienes y se presenten dichos contratos.