El Gobierno acelera la presentación de un proyecto de ley que obligará a bancarizar los fondos de los partidos, en la que trabajan desde hace un año la diputada del PRO Silvia Lospennato y el secretario de Asuntos Institucionales, Adrián Pérez.
Según confirmó Clarín, la urgencia se da a raíz de un artículo del periodista Juan Amorín, que sostiene que Cambiemos falsificó donaciones en la campaña de 2017 en la provincia de Buenos Aires.
La causa ya está
siendo investigada por el juez Sebastián Casanello,
que "evaluará si hubo
falsedad ideológica y lavado de dinero"
y en la fiscalía electoral de
Jorge Di Lello,
por "posibles violaciones a la ley de financiamiento":
A su vez, "la diputada del Frente para la Victoria María Teresa García amplió este martes, en el juzgado a cargo de Ernesto Kreplak, su denuncia por presuntos aportes fraudulentos a Cambiemos y pidió también que se investigue a la gobernadora María Eugenia Vidal, al jefe de Gabinete provincial, Federico Salvai, y a los titulares del PRO bonaerense, los intendentes Néstor Grindetti (Lanús) y Jorge Macri (Vicente López)", explican en el mismo medio.
El apuro por el proyecto de ley se "definió en una reunión realizada entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, de quien depende el organismo que encabeza Pérez". Según el proyecto "sólo podrán hacerse aportes mediante tarjetas de crédito y de débito, transferencias bancarias y cheques", especifican en Clarín.
La investigación periodística reveló que alrededor de 500 personas que viven en asentamientos y son beneficiarios de la AUH y cerca de 350 monotributistas sociales figuran como aportantes en efectivo para los comicios que terminaron ganando Esteban Bullrich y Graciela Ocaña.
Algunos de ellos, a su vez, están afiliados al PRO y afirman que no lo sabían. También está el caso del intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, que negó haber aportado $ 50 mil pesos para la campaña de 2015.