En la última década 3.200 niños y adolescentes perdieron a sus madres, porque fueron asesinadas por sus parejas y esposos. Para atender el desamparo en que caen estas personas, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles una ley que establece una reparación económica mensual que pagará el Estado nacional.
El proyecto, que ya había sido sancionado por el Senado, se llama Ley Brisa, en honor a la hija menor de Daiana Barrionuevo, asesinada en 2014 por su expareja, Adalberto Rodríguez, quien fue condenado a prisión perpetua.
Brisa y sus dos hermanos quedaron al cuidado de su abuelo que, sin recursos para sostenerlos, debió pedir ayuda a través de los medios de comunicación.
ES LEY 👉🏾 Régimen de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes, víctimas colaterales de #ViolenciaDeGénero #Femicidios #LeyBrisa #ReparaciónEconómica pic.twitter.com/uKooP1GzBI
— Diputados Argentina (@DiputadosAR) July 4, 2018
El 31 de mayo pasado, y con 53 votos afirmativos, el Senado aprobó el proyecto y anoche Diputados la convirtió en ley también por unanimidad: 203 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones.
"En la Argentina la violencia de género se cobra una vida cada 30 horas, pero además de estas mujeres asesinadas por sus maridos y parejas aparecen las víctimas colaterales, que son los adolescentes y niños que quedan sin sus madres, quienes sufren un cambio dramático y de profundo dolor. En ese momento es cuando más necesitan de la familia ampliada, de la comunidad y del Estado, para garantizarles el crecimiento y el desarrollo", dijo la diputada radical Alejandra Martínez, presidenta de la comisión de Familia, que estudió el proyecto.
La ley, en su artículo 3°, declara que esta remuneración "debe ser abonada por el Estado Nacional mensualmente, por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles establecidos en la ley 26.417", y que "es inembargable y se abona por cada persona menor de 21 años o con discapacidad siendo retroactiva al momento de cometerse el delito, aunque se hubiera cometido con anterioridad a la sanción de la ley".
Las personas que administren la prestación mensual deberán acreditar ante el Estado que tienen a cargo a esos niños o adolescentes. Además, la ley aclara que esta reparación económica "es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con el régimen de Asignaciones Familiares, con las pensiones de las que las niñas, niños y adolescentes sean beneficiarias/os, con el régimen de alimentos que perciban por parte de su progenitor/a y/o progenitor/a afín u otro familiar, y/o con cualquier otra prestación de la cual sean destinatarios/as".
La ley fue impulsada en ambas cámaras del Congreso por la Casa del Encuentro, una organización fundada el 4 de octubre de 2003 por las dirigentes feministas Ada Beatriz Rico, Fabiana Tuñez y Marta Montesano, y se inscribe en la agenda de género del movimiento Ni Una Menos.