Francisco Rivarola
El Gobierno oficializó el veto a la ley de tarifas que se aprobó en el Congreso. En la publicación del decreto 499/2018 en el Boletín Oficial, destacan el elevado costo fiscal del proyecto que "superaría los 115 mil millones de pesos en 2018".
En el texto queda resaltado que ese costo equivale "77.000 viviendas sociales, más de dos años del Programa de Asignación Universal por Hijo, 2.875 escuelas, 575 hospitales, o todo el gasto nacional en universidades".
Además de detallar que "los gobernadores de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, Santa Fe y el Jefe de Gobierno de la Ciudad se expresaron públicamente en contra del proyecto", destaca que la Corte Suprema estableció que es potestad del poder ejecutivo establecer los cuadros tarifarios.
En ese sentido, sostiene que el veto "implica un límite a la discrecionalidad del Poder Legislativo", ya que el "proyecto de ley bajo análisis adopta decisiones de ejercicio de Policía".
Por último, el decreto también critica la política energética durante el kirchnerismo. "El proyecto pretende restablecer la política tarifaria distorsionada aplicada por la anterior administración, caracterizada por subsidios generalizados y el virtual congelamiento de precios y tarifas de la energía, lo cual generó el deterioro del sistema energético, estimuló el consumo irresponsable, y contribuyó en forma significativa al actual déficit fiscal".
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