El juez federal Julián Ercolini ordenó este viernes la inhibición general de bienes de los ex gobernadores de Santa Cruz Sergio Acevedo (diciembre 2003-marzo 2006), Carlos Sancho (marzo 2006-septiembre 2007) y Daniel Peralta (septiembre 2007-diciembre 2015) en una causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en esa provincia a favor del detenido Lázaro Báez.
La medida incluyó el "bloqueo al acceso a las cajas de seguridad que pudieran registrar a su nombre". La inhibición se dispuso también contra otros investigados en la causa, como la ex procuradora del Tesoro de la Nación durante el kirchnerismo, Angelina Abbona.
El juez entendió que la inhibición debe disponerse "para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir producto o el provecho del delito bajo pesquisa", según la resolución.
Los tres ex gobernadores, Abbona y otros imputados tienen pedido de indagatoria de la fiscalía porque se considera que, "desde la estructura burocrática de la provincia de Santa Cruz, pusieron a disposición de la maniobra sus facultades públicas y contribuyeron al plan criminal que se decantaba desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional".
El pedido se hizo en el marco de la causa en la que ya fueron enviados a juicio oral por "asociación ilícita" y otros delitos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los detenidos Julio De Vido, José López, y Lázaro Báez, entre otros procesados. En total, se pidió citar a 36 acusados.
En ese contexto, el rol de los ex funcionarios provinciales fue, para los fiscales, "imprescindible" a la hora de la "implementación y sostenimiento en el tiempo" de la maniobra,, para lo cual actuaron "brindando su acuerdo previo tendiente a garantizar su éxito".