En un informe interno en el que analizó el proyecto con el que la oposición busca limitar los aumentos de las tarifas de servicios públicos, el Gobierno sostuvo que "estamos recorriendo una incómoda transición, consecuencia de la hipoteca recibida en termino de tarifas y del facilismo regulatorio implementado por el gobierno anterior". Asimismo, señala que el costo fiscal de aprobarse la iniciativa será de alrededor de 225 mil millones de pesos.
El documento de ocho páginas, elaborado por el Ministerio de Energía de Juan José Aranguren, fue entregado a Mauricio Macri antes de su reunión del miércoles por la mañana en la Quinta de Olivos para definir la estrategia a seguir ante el proyecto de la oposición para congelar por dos años y retrotraer a noviembre de 2017 las tarifas.
"Los aumentos graduales de las tarifas de gas y electricidad del 2017 y los previstos para el corriente año permitirán una fuerte reducción de los subsidios en términos reales. Es así que el presupuesto 2018 prevé una caída de los subsidios del 33 % (descontada la inflación), es decir una reducción del 0,6% del PBI respecto a 2017", se explica en el informe.
"El dictamen no sólo da marcha atrás con los aumentos previstos, sino que la cobertura de subsidios aumenta para el año 2018 producto de las modificaciones propuestas en la implementación de la Tarifa Social", agrega, según informa Clarín.
Entre las principales objeciones al proyecto consensuado por el massista Marco Lavagna y el justicialista Diego Bossio se encuentran "la ampliación del universo de destinatarios, modificando el umbral de inclusión de 2 sueldos mínimos a tres y bonificando al 100% hasta el 80% de la energía consumida".
En el informe, el Gobierno sostiene que el aumento de tarifas "no debería suspenderse ni modificarse, ya que fueron diseñados en base a costos auditados que reflejan el desempeño de una empresa eficiente".
En otro tramo del documento, el Gobierno reconoce el impacto que ocasiona el aumento de los servicios públicos y del esfuerzo que debe hacer la gente ya que "durante un tiempo las tarifas deberán crecer por encima del crecimiento de los salarios, para compensar las pérdidas en la calidad de servicio de la década pasada y superar el facilismo regulatorio que se consumió el capital necesario para prestar un servicio de calidad".
El costo fiscal, que según el proyecto deberá ser asumido íntegramente por el Estado nacional, es de $225 mil millones. El documento detalla que el Gobierno debería reunir $186.600 millones por el congelamiento de las tarifas de luz y $40.000 millones por el gas.