La diputada oficialista Elisa Carrió pidió al Consejo de la Magistratura que se investigue a los dos jueces que ordenaron la liberación y aliviaron la situación judicial de Cristóbal López y Fabián de Sousa.
En el escrito de seis páginas, la diputada cuestionó duramente a los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quienes dispusieron la liberación de los empresarios del Grupo Indalo.
Carrió mencionó dos pedidos de juicio político a Ballestero presentados por el diputado socialista Alfredo Bravo en 1996 y 1998. El primero fue por irregularidades en la investigación de la "mafia del oro", y el segundo por incompatibilidad entre el estándar de vida y los ingresos del juez federal.
No obstante, precisó que el 9 de febrero de 2000 el Consejo de la Magistratura resolvió desestimar el pedido de apertura de juicio político del entonces titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2.
En cuanto a Farah, la diputada menciona un artículo del periodista Ricardo Roa, publicada en Clarín el 19 de marzo pasado bajo el título "Cristóbal López busca otra ayuda judicial", en la que menciona al abogado Jorge Mazzaglia, quien según Roa sería nexo entre el juez y López.
"Surge (del artículo) que el abogado Jorge Mazzaglia, quien tendría llegada como pocos a los despachos de Comodoro Py, ha sido tiempo atrás presidente del Casino Flotante de Puerto Madero, propiedad de Cristóbal López, por lo que debiera investigarse qué tipo de vinculación mantendría a la fecha con éste último y con los magistrados denunciados", indica la líder de la Coalición Cívica.
"Igualmente, debiera establecerse si el abogado nombrado tiene algún parentesco con Matías Jorge Mazzaglia, designado el 28 de noviembre de 2012 con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de secretario de juzgado para desempeñarse en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (Sala I)", agrega.
La diputada presentó esta ampliación de denuncia este martes ante el Consejo, en la misma jornada en la que se desarrollaba una reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación que abrió un expediente para dar curso al pedido de que se investigue cómo se conformó la sala de la Cámara Federal porteña que dispuso la excarcelación de López y De Sousa.