El juez federal Julián Ercolini ordenó la intervención judicial de la empresa Hotesur, perteneciente a la familia Kirchner, en la causa que los investiga por presuntas maniobras de lavado de activos a través de hoteles para blanquear supuestas coimas con la obra pública.
La decisión fue tomada por un período inicial de seis meses y la interventora será Raquel Moyano, con facultades de "información, administración y recaudación", según la resolución firmada hoy por el magistrado.
Además y en otra resolución a la que accedió Télam, el juez decretó la inhibición general de bienes para ocho empresas del detenido empresario Lázaro Báez, entre ellas "Austral Construcciones" y "Kak y Costilla SA".
En esta causa fueron indagados la ex presidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el detenido empresario Lázaro Báez, entre otros acusados.
La investigación gira en torno a contrataciones simuladas de plazas hoteleras por parte de la sociedad de la ex presidenta a empresarios beneficiados con la obra pública durante el gobierno kirchnerista como parte de un circuito de cobro de sobornos.
Además, Ercolini dispuso la inhibición general de bienes de todos los imputados.